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Productores arroceros advierten que los bloqueos estarán hasta que se cumplan los compromisos pactados
Este lunes 21 de julio, a las 10:00 a.m., se instalará una nueva mesa de negociación entre el Gobierno nacional y representantes del sector arrocero, en el marco de un paro que completa ocho días de bloqueos viales en al menos once departamentos del país. La reunión, convocada por el Ministerio de Agricultura y la cartera de Comercio, busca destrabar una crisis que ha generado afectaciones en la movilidad, el abastecimiento de alimentos y la estabilidad económica de miles de familias campesinas.
Según el documento oficial divulgado por la Presidencia, el Gobierno se compromete a expedir actos administrativos que establezcan un régimen de libertad regulada con precios mínimos de referencia para el arroz paddy verde y el arroz blanco. “Se busca garantizar ingresos mínimos dignos para los productores y la sostenibilidad de la industria nacional”, señala el acuerdo preliminar.
Además, se tiene previsto implementar un Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que articule todos los eslabones de la cadena en una ruta conjunta de largo plazo. Esta medida pretende enfrentar los problemas estructurales del sector, incluyendo la caída de precios, el contrabando y la competencia desleal derivada de tratados internacionales. “El Gobierno nacional implementará una salvaguardia sobre el arroz en los términos del artículo 5 de la Ley 101 de 1993”, se indica en el comunicado oficial.
A pesar del anuncio de la mesa de diálogo, el gremio Dignidad Arrocera ha manifestado su desacuerdo con el proceso. Los manifestantes advierten que “endurecerán las protestas si no se presentan avances concretos”. En Tolima, uno de los departamentos más afectados, se reportan bloqueos activos en el kilómetro 14+400 sobre el puente del río Saldaña, donde maquinaria agrícola impide el paso vehicular. También se esperan cierres en Armero, Lérida, Natagaima y Coello.
Los productores denuncian pérdidas de hasta tres millones de pesos por hectárea cultivada, debido a que el costo de producción supera los ingresos por venta. En octubre de 2024, el precio por carga de 125 kilos era de $235.000; actualmente se paga a $170.000, lo que representa una caída cercana al 28 %. Además, acusan al Gobierno de incumplir acuerdos pactados en marzo, como el desembolso de apoyos directos a la comercialización. “A los 200 habilitados no les han entregado ni siquiera mil pesos”, afirmó un vocero gremial.
La reunión de este lunes contará con al menos 22 delegados del gremio arrocero, quienes exigen la presencia directa de las ministras de Agricultura y Comercio. En encuentros anteriores, la ausencia de estas funcionarias fue interpretada como una falta de voluntad política. “No hay condiciones para negociar sin presencia de quienes tienen capacidad de decisión”, señaló Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria.
Mientras tanto, los bloqueos continúan en puntos estratégicos como Llano Lindo (Meta), Aguazul (Casanare), Campoalegre (Huila), La Jagua de Ibirico (Cesar) y el sector de la Mojana (Sucre). En la mayoría de estos lugares, los cierres se realizan por seis horas seguidas, con aperturas de una hora para permitir el paso de vehículos.
El Gobierno insiste en que el diálogo sigue abierto y que se busca una solución estructural que proteja la producción nacional y garantice la soberanía alimentaria. Sin embargo, el pulso entre las partes continúa, y el desarrollo de la mesa de negociación será determinante para definir el rumbo del paro y sus implicaciones tanto económicas como sociales.
Juan Joya
