Paro armado en Chocó: ELN impone 72 horas de restricciones

Entre el crimen y el control territorial: las razones de una medida extrema

El Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció, a través de un comunicado público, la implementación de un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó. La medida iniciará este viernes 2 de mayo al mediodía y se extenderá hasta la medianoche del lunes 5 de mayo.Según el grupo insurgente, la decisión busca evitar que la población civil se vea afectada en medio de los enfrentamientos que sostiene con una estructura paramilitar de aproximadamente 400 hombres, liderada por alias “Piernas Limpias”. La restricción de movilidad aplicará principalmente en el río Baudó y sus afluentes aledaños, afectando el tránsito de embarcaciones y el desplazamiento terrestre en varias zonas de la región.

En el pronunciamiento, el ELN asegura que el paro responde a la presencia de grupos paramilitares en la subregión del Baudó, acusando a estos de consolidar una ruta de narcotráfico desde el Medio hacia el Alto Baudó, pasando por los ríos Cogucho y Chorí, y utilizando el municipio de Nuquí como punto de almacenamiento de droga proveniente del Pacífico. Según la estructura al margen de la ley, esta dinámica ha agravado la situación de seguridad en la zona, generando desplazamientos forzados y afectaciones a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan la región. A su vez, el grupo armado advirtió que durante los tres días de paro quedará prohibido cualquier tipo de movilidad en las áreas mencionadas e instó a la población a acatar la medida para evitar incidentes.

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El anuncio del paro armado ha generado incertidumbre entre los habitantes de Chocó, quienes temen que la restricción de movilidad afecte el abastecimiento de alimentos y medicamentos en las zonas más apartadas. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que esta acción podría tener sobre la población civil y han instado al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en la región.

Por su parte, las autoridades locales han pedido a la comunidad extremar precauciones y mantenerse alerta ante posibles alteraciones del orden público durante los días que dure la restricción impuesta por el ELN.

Ante este panorama, se espera que el Gobierno Nacional emita un pronunciamiento oficial sobre la situación, aunque se prevé que en las próximas horas las autoridades competentes informen sobre las acciones que se adoptarán frente al anuncio de la guerrilla. La Gobernación del Chocó ha reiterado su compromiso de proteger a la población y ha solicitado al Ejecutivo una mayor presencia institucional en el departamento para contrarrestar los efectos de la medida. Se ha señalado que se está evaluando el despliegue de unidades adicionales en las zonas afectadas para garantizar el tránsito seguro de los habitantes y evitar represalias contra quienes no acaten el paro armado.

Este anuncio se suma al complejo ambiente de inseguridad que atraviesa Chocó, donde se han registrado incidentes recientes que han alarmado a la población. El pasado 26 de abril, el director de la Corporación Autónoma Regional de Chocó (Codechocó), Arnold Rincón, fue secuestrado en circunstancias aún no esclarecidas. Ante esta situación, la Gobernación ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para obtener información sobre su paradero.

A su vez, distintos sectores han denunciado un incremento en la violencia en la región, con casos de desplazamiento forzado y enfrentamientos armados entre estructuras ilegales que se disputan el control territorial.

La población civil permanece atenta a la evolución de los hechos, mientras el Gobierno y la fuerza pública evalúan estrategias para mitigar los impactos del paro armado. Se espera que en las próximas horas se establezcan medidas concretas para garantizar la protección de los ciudadanos y evitar que el conflicto entre grupos ilegales afecte aún más a la población civil.

Por ahora, el departamento del Chocó enfrenta una creciente incertidumbre, con sectores sociales y autoridades locales en busca de soluciones que permitan reducir los riesgos y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.

Juan Joya