“Para llegar a instancias internacionales, Uribe tendría que esperar más de cinco años”: David Leal

El proceso enfrenta una posible prescripción en octubre, lo que podría derivar en una absolución si no se emite una decisión de segunda instancia antes de esa fecha.

Conozca la entrevista completa aquí: https://youtu.be/2P_eGWi72bk?t=5355

En entrevista exclusiva con Colmundo Radio, el abogado David Leal, asesor del Área Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, explicó las salidas jurídicas que podría tomar el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras el fallo de primera instancia que lo declaró culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.“Para llegar a una instancia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario agotar todas las fases nacionales, lo que podría tardar más de cinco años”, señaló Leal.

La juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitió el sentido del fallo el pasado 28 de julio, tras una audiencia que se extendió por más de diez horas. Donde se declaró culpable al exmandatario por tres conductas de soborno en actuación penal y dos de fraude procesal, mientras fue absuelto del cargo de soborno simple. La lectura oficial de la sentencia, que incluirá el monto de la pena, está programada para el próximo viernes 1 de agosto a las 2:00 p.m.
https://x.com/ColmundoRadio/status/1950246968338354678

Según explicó Leal, una vez se conozca la sentencia completa, la defensa podrá interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. El abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente, confirmó que dicha apelación será radicada el lunes 11 de agosto, dentro del plazo legal de cinco días hábiles.
“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez”, señaló Granados en un comunicado, en el que también reiteró que “la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”.

El proceso judicial enfrenta una posible prescripción en octubre de 2025. Según Leal, “el término de prescripción sigue corriendo y no se interrumpe por el paso a segunda instancia”. Si el Tribunal no emite una decisión antes de esa fecha, el Estado perdería la facultad de perseguir penalmente al procesado, lo que obligaría a declarar la absolución por prescripción. Esta situación ha sido reconocida por la defensa, que busca acelerar los trámites para evitar que el caso se archive por vencimiento de términos.

Durante la conversación, Leal también se refirió a la posibilidad de que Uribe permanezca en libertad mientras se resuelve la apelación.
“Lo más probable es que no se ordene privación de libertad, dado que el expresidente ha comparecido a todas las audiencias, ha renunciado a su derecho a guardar silencio y ha mostrado disposición procesal”, explicó. La jueza Heredia reconoció públicamente la actitud del acusado durante el juicio, lo que podría influir en la decisión sobre medidas cautelares.

Respecto a la solidez del fallo, Leal identificó dos debilidades jurídicas: la validación de interceptaciones telefónicas obtenidas por error y la motivación del fallo en cuanto al rol de Uribe como determinador de los delitos.
“No está tan claro el nexo causal entre quien implanta la idea criminal y el autor material del delito”, afirmó. Estas observaciones coinciden con las críticas expresadas por algunos sectores políticos, como el expresidente Iván Duque, quien calificó la sentencia como “débil”.

La defensa también contempla la posibilidad de acudir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en caso de que la apelación no prospere. Este recurso extraordinario permitiría revisar la sentencia por errores de procedimiento o interpretación jurídica.
“Solo agotando todas las instancias nacionales se podría considerar una acción ante organismos internacionales”, reiteró Leal.

El caso contra Álvaro Uribe Vélez, que inició formalmente en 2012 por presunta manipulación de testigos, ha marcado un hito en la historia judicial del país.
La decisión de primera instancia convierte al exmandatario en el primer expresidente colombiano condenado por delitos penales.
Mientras se espera la lectura oficial de la sentencia, el país permanece atento al desarrollo de las acciones legales anunciadas por la defensa y al impacto político que esta decisión pueda tener en el escenario electoral del 2026.

JUAN JOYA