“Papá Pitufo” vuelve a responder ante la justicia colombiana: enfrenta cargos por concierto para delinquir y cohecho

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido también como el ‘zar del contrabando’, quien es acusado formalmente por los delitos de cohecho y concierto para delinquir; compareció en la mañana de este jueves 13 de noviembre a una audiencia virtual que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Marín Buitrago se conectó desde Portugal y el proceso que se está llevando a cabo en su contra se relaciona con una presunta red de contrabando internacional que habría operado desde puertos como Cartagena y Buenaventura. En la comparecencia se estableció que la fecha para la etapa preparatoria del juicio quedaría fijada para el lunes 23 de febrero de 2026 a las 8:30 a.m., momento en que se continuará con el trámite penal en Bogotá.

Según la Fiscalía, “Papá Pitufo” habría operado como cabeza de una estructura que ingresaba mercancías de contrabando al país con el presunto apoyo de funcionarios públicos; además de sobornos a miembros de fuerzas de seguridad. Posteriormente fue detenido en diciembre de 2023 en el norte de Portugal, luego de haber huido de España, donde había estado en libertad mientras se resolvía su situación de extradición. En junio de este año, el tribunal portugués le concedió la libertad tras admitirse un recurso de hábeas corpus, argumentando violación de derechos constitucionales durante su detención.

Mientras tanto, desde el país portugués, Marín está solicitando asilo bajo el argumento de que su caso presenta “visos políticos que distan un poco de lo jurídico”, según declaraciones de su abogado.  Esta situación le da complejidad al proceso de extradición, pues implica que además de la jurisdicción colombiana deben considerarse los derechos internacionales y el derecho de asilo.

Los abogados defensores aseguran que Marín no se escondía de la justicia. Explicaron que estaba en España de forma legal, usando su pasaporte europeo, y que su captura en Portugal se dio por una circular roja de Interpol que, según ellos, no tenía suficientes fundamentos. Esta será una de las principales estrategias para intentar demostrar que el proceso en su contra tiene fallas y podría estar influenciado por razones políticas.

En el país, el caso podría llevar a reforzar los controles contra el contrabando y a mejorar la vigilancia en los puertos del país. También evidencia la corrupción que facilita la entrada de mercancía ilegal y las dificultades del Estado para frenar estas redes. Por ahora, las autoridades siguen la pista de otros posibles implicados, mientras el país espera avances en el juicio que podría marcar un precedente importante en la lucha contra el contrabando.

Dayineth Isabel Molina Velásquez