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¿Es la “campaña de desprestigio contra RTVC” una respuesta a las auditorías de los entes de control o una estrategia política para debilitar la imagen del Gobierno actual?
La senadora Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en dos contratos suscritos entre Colpensiones y RTVC por un valor total de 60.111 millones de pesos, destinados a campañas de publicidad, mercadeo y estrategia comercial. Según la congresista, los acuerdos fueron firmados de manera directa y habrían sido objeto de adiciones y prórrogas que, en su concepto, vulneran el principio de anualidad presupuestal y los límites establecidos en la Ley 80 sobre contratación estatal. La denuncia apunta a posibles irregularidades en la adición y prórroga de contratos públicos.
De acuerdo con la denuncia, el primer contrato fue suscrito el 15 de diciembre de 2023 por 13.804 millones de pesos para servicios de publicidad. Aunque su vigencia inicial se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024, posteriormente fue objeto de tres adiciones: el 25 de junio de 2024 por 6.000 millones; el 23 de diciembre de 2024 por 11.252 millones; y el 29 de agosto de 2025 por 6.300 millones. Además, su plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025. El contrato inicial habría sido modificado en tres ocasiones y extendido un año más.
Valencia sostiene que, con esas modificaciones, el contrato terminó comprometiendo recursos de tres vigencias fiscales distintas. “El principio de anualidad exige programar los gastos por cada año”, advirtió, al señalar que las adiciones habrían superado el 100 % del valor inicial, cuando la Ley 80 permite incrementos de hasta el 50 %. A su juicio, esa situación configuraría una posible irregularidad presupuestal y contractual. La congresista asegura que se habría superado el límite legal de adición permitido por la Ley 80.
La denuncia incluye un segundo contrato firmado el 16 de julio de 2024, también de manera directa y sin licitación, por 9.795 millones de pesos, con un objeto similar relacionado con el diseño e implementación de una estrategia de marketing. Este acuerdo fue adicionado en 12.959 millones de pesos y prorrogado igualmente hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que, según la congresista, volvería a superar el límite legal permitido para adiciones contractuales. El segundo contrato también habría excedido los topes establecidos para modificaciones contractuales.
En total, la suma de los dos contratos y sus respectivas adiciones alcanza los 60.111 millones de pesos. Valencia solicitó que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República inicien una investigación urgente para establecer si se vulneraron las disposiciones sobre anualidad presupuestal y los topes de adición previstos en la Ley 80, así como para determinar eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias. La senadora pidió investigaciones formales por parte de los entes de control.
En paralelo, RTVC se pronunció públicamente frente a lo que calificó como una “campaña de desprestigio” contra la entidad y su gerente, Hollman Morris. La entidad confirmó la existencia de contratos por cerca de 23.000 millones de pesos que han sido objeto de cuestionamientos y aseguró que estos se ajustan a la normatividad vigente. Entre los contratos mencionados en las denuncias públicas se encuentran servicios que incluyen apoyo profesional en áreas como maquillaje y fotografía. RTVC defendió la legalidad de los contratos y negó irregularidades.
Ahora será la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República las entidades encargadas de evaluar si existen méritos para abrir indagaciones formales y determinar posibles responsabilidades fiscales o disciplinarias. Mientras tanto, los contratos continúan vigentes con prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2025. Los entes de control deberán definir si se abren investigaciones formales.
Juan Joya
