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La senadora Paloma Valencia radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo de fortalecer las garantías procesales, equilibrar el tratamiento entre comparecientes y brindar mayor seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.
La iniciativa plantea la incorporación de derechos fundamentales como la doble instancia, la doble conformidad y la presunción de inocencia, pilares de un sistema judicial imparcial y garantista.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la ampliación de la acción de tutela contra decisiones de la JEP, que podrá interponerse por las causales generales aplicables a cualquier providencia judicial o como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irreparables.
El esquema de revisión propuesto será escalonado: las tutelas serían revisadas primero por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz y, posteriormente, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En los casos en que las decisiones provengan del Tribunal para la Paz, conocerán en primera instancia la Sala de Primera Instancia y, en segunda, la Sala Plena de la Corte Suprema.
La iniciativa también dispone que la Corte Constitucional dé prioridad a la revisión de tutelas relacionadas con fallos de la JEP, con el fin de garantizar un control constitucional más ágil y efectivo.
En cuanto a los miembros de la Fuerza Pública, el proyecto establece que quienes no reconozcan responsabilidad y sean condenados, deberán cumplir cinco años de prisión y los quince restantes mediante un tratamiento restaurativo. Asimismo, abre la posibilidad de conmutar penas si el compareciente ha permanecido privado de la libertad por más de una cuarta parte del tiempo máximo de sanción.
Otro de los cambios propuestos es permitir que la Justicia Penal Militar emita conceptos no vinculantes en procesos de la JEP y pueda revisar, a solicitud del compareciente, las sentencias condenatorias emitidas por esa jurisdicción.
Según la senadora Valencia, el proyecto representa “un paso hacia una justicia transicional más equilibrada y respetuosa del debido proceso”, con el propósito de reforzar la confianza en las instituciones judiciales y en el sistema de paz colombiano.
Paola Martínez Burgos
