Bogotá, agosto 28 de 2024 – La polémica por el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria no cesa. La senadora Paloma Valencia, una de las más férreas opositoras de la iniciativa radicada por el Gobierno Nacional, lanzó fuertes advertencias sobre el impacto que esta ley tendría en el país, señalando que “legalizaría la invasión de tierras y desincentivaría la inversión en el campo colombiano”.
Valencia aseguró que la norma propuesta otorgaría protección legal a los invasores de tierras. “Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos”, afirmó la congresista.
Según la senadora, la ley también reviviría la expropiación exprés, una medida que la Corte Constitucional había declarado inconstitucional en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. “La propuesta sugiere que los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos”, advirtió Valencia.
Para la parlamentaria, el proyecto también podría desencadenar una “persecución masiva a los propietarios”, debido a la ambigüedad en la prohibición del fraccionamiento antieconómico y la concentración improductiva del suelo. “No se describen las características de estos procesos, dejando todo a discrecionalidad de los jueces”, agregó.
Además, Valencia señaló que la ley desincentivaría la inversión en el campo, generando incertidumbre y temor en los productores. “Podría poner fin a la inversión en el campo. Nadie estaría dispuesto a asumir el riesgo de producir con la amenaza latente de ser invadido, expropiado y perseguido judicialmente”, concluyó, invitando a los colombianos a oponerse a la medida.
Por su parte, el Gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones la ley de Jurisdicción Agraria, argumentando que busca resolver los conflictos históricos sobre la tenencia de tierras en el país. Además, han desmentido las afirmaciones sobre una expropiación exprés, asegurando que la ley se centra en ofrecer mecanismos justos para la resolución de disputas agrarias.
El debate sobre esta controversial legislación continuará en el Congreso, donde la oposición ha prometido dar una dura batalla para impedir su aprobación.
Sala digital Colmundo