Gobierno Petro critica suspensión de traslado a Colpensiones y advierte que favorece a los más ricos
29 abril, 2026
La candidata presidencial Paloma Valencia salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras las críticas del senador Iván Cepeda por el aumento en las cifras de falsos positivos reveladas por la Jurisdicción Especial para la Paz. La congresista no solo respaldó al exmandatario, sino que contraatacó señalando presuntas responsabilidades políticas de Cepeda en el deterioro de la seguridad.
En su pronunciamiento, Valencia cuestionó con dureza al senador, recordándole su supuesta cercanía con actores armados. “El que no puede ser presidente es el senador Cepeda, que se ha dedicado a tomarse fotos con los asesinos de Miguel Uribe”, afirmó, en referencia al dirigente político asesinado Miguel Uribe Turbay. Además, aseguró que Cepeda debe responder ante la historia por lo que calificó como “beneplácito de los violentos”.
La senadora también vinculó al congresista con hechos recientes de violencia en el país, señalando que debe responder por casos como el de Marlon, a quien —según dijo— se le otorgó la figura de gestor de paz y posteriormente habría estado involucrado en hechos violentos en el Cauca. “El que no puede ser presidente de Colombia es el senador Cepeda que tiene que responder por Marlon”, sostuvo.
Valencia fue más allá al atribuir al senador responsabilidad política en el aumento de indicadores de violencia. “Hoy tenemos 102% más de secuestros y cerca de 40.000 asesinatos, de los cuales 21.000 son jóvenes víctimas de grupos ilegales”, afirmó, al tiempo que cuestionó la política de “paz total” que, según ella, ha derivado en un incremento de atentados terroristas en distintas regiones del país.
En relación con las ejecuciones extrajudiciales, la candidata lanzó críticas directas a la JEP, cuestionando la metodología empleada para calcular las cifras. A su juicio, “están mezclando peras con manzanas”, al equiparar casos en los que habría intención criminal con otros que, según su postura, corresponderían a errores operacionales.
Finalmente, Valencia sostuvo que no se puede catalogar como crimen de lesa humanidad todos los casos, especialmente aquellos en los que —según explicó— un uniformado habría actuado sin conocimiento de que la víctima era un civil. Para la dirigente, esta interpretación habría influido en el aumento de la cifra a 7.837 casos reportados, generando un debate jurídico y político sobre el alcance de las investigaciones.
Sala Digital Colmundo
