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¿El presunto fraude de 2014 y las irregularidades de 2022 son antecedentes que ponen en duda al sistema electoral nacional?
El movimiento político anunció este miércoles que pondrá en funcionamiento un sistema propio de verificación electoral para las elecciones legislativas del 8 de marzo, en paralelo al proceso oficial de escrutinio. La colectividad informó que desarrolló una plataforma digital interna para digitalizar, organizar y contabilizar los formularios E-14 de cada mesa de votación, con el propósito de contrastar los resultados consignados por los jurados desde el inicio del preconteo. Este mecanismo operará de manera independiente a la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional y hará parte de un despliegue nacional de vigilancia electoral.
Por su parte, el representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que la decisión responde a un plan estructurado de supervisión diseñado ante lo que el movimiento considera riesgos vigentes en el proceso. “El Pacto Histórico ha creado una comisión nacional de cuidado electoral y ante los riesgos electorales que hay hemos diseñado un plan, una estrategia”, afirmó. Según indicó, uno de los puntos centrales de preocupación es la imposibilidad de realizar hasta ahora una auditoría técnica completa al sistema de escrutinio. “Hasta el día de hoy no ha sido posible realmente hacer una auditoría técnica a los software, eso lo hemos pedido por escrito, hemos hecho cantidades de propuestas; hoy hay mesa de garantías y vamos a insistir en lo mismo”, agregó.
Uribe detalló que la colectividad buscará tener testigos electorales en la mayor cantidad posible de mesas y confirmó el despliegue de un equipo jurídico de más de quinientos abogados para atender reclamaciones en puestos de votación y en las comisiones escrutadoras. *”Vamos a tener nuestra propia registraduría, vamos a digitalizar, contabilizar y hacer todo el seguimiento a los E-14; tenemos más de quinientos abogados”*, señaló. El sistema interno permitirá cargar imágenes de las actas, consolidar bases de datos propias y detectar eventuales inconsistencias en el flujo de información.
Paralelo a esto, el movimiento hizo público un comunicado en el que expone de manera formal sus cuestionamientos técnicos al sistema electoral. En el documento, titulado “La confianza electoral se construye con verificabilidad técnica”, advierte sobre riesgos en la seguridad del software, la concentración de funciones esenciales en un único proveedor privado y la persistencia de irregularidades documentadas judicialmente desde 2014. Allí sostiene que la reciente exhibición de fragmentos del software por parte de la autoridad electoral no equivale a una auditoría técnica independiente, ya que no implicó revisión integral del código fuente ni análisis forense de vulnerabilidades.
En ese documento divulgado se expone que el Consejo de Estado, en sentencia de 2018, comprobó el sabotaje de 1.412 mesas en las elecciones legislativas de 2014 y la exclusión de más de 236 mil votos, y ordenó avanzar hacia la implementación de un software estatal con trazabilidad completa. Según el movimiento, esa disposición no se ha materializado plenamente y el proceso continúa dependiendo en buena parte de un proveedor privado que ha concentrado contratos electorales durante varios años. También señala que en 2022 se evidenciaron inconsistencias en el preconteo y en la consolidación de resultados que posteriormente fueron corregidas en el escrutinio.
En ese sentido, el Pacto formuló cinco solicitudes específicas:
- Realizar una auditoría técnica independiente con entrega y examen completo del código fuente
- Publicar protocolos detallados sobre transmisión, digitación y consolidación de datos
- Acatar órdenes judiciales relacionadas con desconcentración y control público efectivo de las fases críticas del proceso
- Divulgar los informes técnicos de auditorías contratadas y levantar cláusulas de confidencialidad
- Reforzar instrucciones a jurados electorales para evitar espacios en blanco o errores en el diligenciamiento de los formularios E-14
Juan Joya
