Organismos de control califican como “inadmisible” orden judicial de Guatemala contra fiscal general

Los principales entes de vigilancia y control de Colombia manifestaron su firme rechazo a la orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal de Guatemala contra Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación, por su labor en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Respaldo unánime de los organismos de control

La Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Auditoría General y Registraduría Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la decisión judicial guatemalteca como inaceptable para la sociedad colombiana y las instituciones que representan.

En el documento, firmado por la auditora general María Anayme Barón Durán, la defensora Iris Marín Ortiz, el procurador Gregorio Eljach Pacheco, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra y el registrador Hernán Penagos Giraldo, destacaron la integridad, transparencia y honestidad de Camargo, resaltando su labor en la lucha contra la corrupción durante su paso por la CICIG entre 2014 y 2017.

Además, sugirieron que la medida podría ser una represalia por su trabajo anticorrupción y advirtieron que representa una posible violación a los principios del derecho internacional.

Preocupación por uso político de la justicia

Desde el sector empresarial, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), también mostró su apoyo a Camargo y al exministro Iván Velásquez, quien también fue objeto de la misma orden.

A través de redes sociales, Lacouture afirmó que esta solicitud de captura internacional trasciende un simple conflicto diplomático y denunció que se trata de un uso indebido del sistema judicial con fines de retaliación política.

Fuerte respaldo institucional

Los entes de control concluyeron su comunicado reafirmando su compromiso con la justicia y la legalidad, así como con la defensa de funcionarios que, como Camargo, han trabajado por fortalecer el Estado de Derecho en Colombia y Latinoamérica.

Este caso reaviva el debate sobre la independencia judicial y los posibles abusos de poder en procesos legales con trasfondo político.

Sala Digital Colmundo