La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Elainne Rusinque Urrego, ordenó suspender inmediatamente cualquier conducta encaminada a coordinar ilegalmente su comportamiento para participar y ejecutar procesos de contratación que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados.
Una de las medidas es abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas.
Como segunda medida, evitar retirar de funcionamiento los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP si no existe una justificación objetiva, razonable y documentada que esté relacionada directamente con la seguridad de las personas protegidas.
Así como renunciar al uso de mecanismos irregulares de coerción orientados a mantener la conducta ilegal que puedan afectar la debida prestación del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP.
La Superindustria, como autoridad nacional de protección de la competencia, decretó las medidas cautelares contra todos los proponentes que participaron en los procesos de selección para el arrendamiento de vehículos blindados que adelantó la UNP en el periodo comprendido entre 2017 y 2023.
En este sentido, la entidad evaluó el material probatorio aportado y estudió todos los procesos de selección que la UNP adelantó durante un periodo de 7 años (2017 y 2023) para el arrendamiento de vehículos blindados.
En conclusión, los diferentes elementos probatorios que fueron allegados con la queja permitieron acreditar, con la suficiencia requerida para decretar una medida cautelar, en los procesos de selección adelantados por la UNP para la provisión de vehículos blindados en el periodo comprendido entre 2017 y 2023.
Sala Digital Colmundo