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14 agosto, 2025La Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur y la Superintendencia de Transporte firmaron un convenio de cooperación técnica y financiera para reforzar la supervisión del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Sarlaft).
El acuerdo busca implementar herramientas y metodologías que fortalezcan la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector transporte, en línea con lo establecido por la Ley 2195 de 2022 sobre programas de transparencia y ética empresarial.
El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, destacó que este convenio permitirá a la entidad contar con instrumentos más efectivos para promover una cultura empresarial de prevención frente a riesgos asociados con la corrupción y el soborno, así como garantizar mayor legalidad en las operaciones del sector.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó que la alianza con la ONU dotará al país de estándares internacionales y capacidades técnicas para blindar al sector transporte contra el lavado de activos, proteger la legalidad y hacer de la transparencia un principio rector en la movilidad del país.
Objetivos y acciones clave del convenio
Entre las metas del acuerdo se incluyen:
- Acompañamiento técnico en la implementación de una supervisión basada en riesgos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Apoyo en la socialización y apropiación del Sarlaft entre las empresas del sector obligadas a aplicarlo.
- Asistencia en la formulación de un programa de transparencia y ética empresarial, con base en buenas prácticas regionales e internacionales.
En el marco de esta cooperación se elaborará una política de supervisión específica para el régimen de prevención de estos riesgos, se adelantarán jornadas de capacitación para funcionarios de la Superintendencia y se fortalecerán los procedimientos administrativos sancionatorios.
Asimismo, se diseñará una guía práctica con recomendaciones para una supervisión con enfoque basado en riesgos y acorde con estándares internacionales.
El plan incluye la realización de cinco mesas técnicas para mapear actores priorizados, identificar regiones con mayor vulnerabilidad y clasificar a los sujetos vigilados según su tamaño y tipo de operación.
Humberto ‘Toto’ Torres
Con información de la Superintendencia de Transporte.




