ONU advierte sobre la vulnerabilidad de los habitantes en el norte de Huila

La crisis de derechos humanos que enfrentan los campesinos de Tello, Huila, ha generado preocupación en la comunidad internacional. La presencia de grupos armados al margen de la ley, ha impuesto un clima de temor y restricciones en la vida cotidiana de los habitantes de la zona. Desde amenazas directas hasta la imposición de mecanismos de control social, como la carnetización obligatoria para la movilidad entre veredas, imposiciones como estas  hacen que la población asentada en zonas rurales permanezca bajo una constante presión.

A su vez, la estigmatización que recae sobre quienes residen en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado ha dificultado aún más su acceso a derechos básicos y a la seguridad. Esta doble condición  ha sido señalada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha pedido medidas urgentes para proteger a las comunidades campesinas.

https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1920120672803495962

Ante esto,  las organizaciones de derechos humanos han documentado un incremento en las intimidaciones hacia líderes comunales y defensores de derechos sociales. Los habitantes que promueven espacios de organización comunitaria, reclaman mejores condiciones para su región han sido blanco de acusaciones injustas que los vinculan con actores armados. Esta estigmatización no solo los coloca en una situación de riesgo, sino que también limita las posibilidades de participación y fortalecimiento social en sus comunidades. La ONU ha insistido que el respeto a los liderazgos comunitarios es fundamental para la garantía de derechos en zonas de conflicto y ha pedido que se tomen acciones para proteger a quienes defienden los derechos campesinos.

Ahora bien, la respuesta del Estado frente a esta crisis ha sido percibida como insuficiente por diferentes sectores de la sociedad. A pesar de la existencia de programas gubernamentales para la protección de líderes sociales, en muchas zonas rurales la presencia institucional es escasa y llega tarde a los territorios con mayor impacto de la violencia. Las comunidades afectadas han señalado que la falta de inversión en infraestructura, salud y educación ha generado condiciones de abandono que favorecen el control territorial por parte de actores armados. En este contexto, la población civil se encuentra atrapada entre el temor, la incertidumbre y la ausencia de garantías de protección.

La situación en Tello no es un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a distintas regiones rurales del país. La presencia de grupos armados ilegales y la estigmatización de la población en zonas de conflicto han sido factores que perpetúan la crisis de derechos humanos en estos territorios. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una preocupación en Huila, donde se han registrado casos de niños y adolescentes obligados a vincularse con estructuras armadas. Esta realidad pone en evidencia la urgencia de una respuesta integral que combine medidas de seguridad con estrategias de inversión social y fortalecimiento institucional.

https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1883123095705157714

El pronunciamiento de la ONU ha sido respaldado mayoritariamente por organizaciones nacionales e internacionales que le han pedido al Gobierno tomar acciones efectivas para la protección de la comunidad  campesina en Tello. La implementación de políticas de seguridad junto a la ejecucion de programas de desarrollo que incidan positivamente en las condiciones de vida en las comunidades que padecen los horrores del conflicto. Además, es fundamental la eliminación de prejuicios que asocian a los habitantes de zonas rurales con actores armados, pues esta percepción errónea incrementa el riesgo y la exclusión social de quienes viven en territorios de conflicto.

Mientras tanto, la comunidad campesina de Tello sigue esperando que sus voces sean escuchadas y que el Estado garantice sus derechos. La incertidumbre persiste, pero también la resistencia y la lucha por la protección y el reconocimiento de los habitantes de la región. La crisis de derechos humanos en este territorio continúa siendo un desafío para las autoridades y un recordatorio de la necesidad de respuestas urgentes y estructurales para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad en zonas azotadas por la violencia.

Juan Joya