“Nunca dejé de buscarlo”: Carmen Mirke recibe de la JEP el certificado de defunción de su esposo secuestrado por las Farc-EP  

Luego de dos décadas de incertidumbre y dolor, Carmen Mirke González recibió el certificado de defunción de su esposo, Orlando Alberto Toledo Lugo, ingeniero forestal y contratista de Ecopetrol que fue secuestrado, asesinado y desaparecido por la entonces guerrilla de las Farc-EP en 2005.

El documento, expedido por la Registraduría Nacional a solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no solo le permitirá a Mirke acceder a trámites como la pensión y el seguro de vida de su esposo, sino que también representa un hito judicial: es la primera vez que la JEP ordena la expedición de un certificado de defunción en un caso de desaparición forzada sin que haya sido hallado el cuerpo.

“Este papel significa que podré seguir adelante. Con la desaparición forzada, la vida queda detenida”, explicó Mirke, quien durante dos décadas debió sostener sola a sus tres hijos. Recordó que, por no contar con este registro, no pudo vender propiedades ni reclamar derechos económicos que le correspondían. Ahora, dijo, podrá vivir con mayor tranquilidad.

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Un caso emblemático en el Caso 01 de la JEP

Orlando Toledo Lugo desapareció el 26 de julio de 2005, cuando supervisaba obras de mantenimiento en el oleoducto Caño Limón–Coveñas, en Norte de Santander. Fue interceptado por la Columna Móvil Resistencia Barí, vinculada al Frente 33 de las Farc-EP.

Inicialmente, la guerrilla difundió que el ingeniero había escapado, pero las investigaciones de la JEP concluyeron que fue asesinado por la guardia armada pocos días después del secuestro. Durante audiencias de versiones colectivas, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Erasmo Traslaviña, alias Jimmy Guerrero, reconocieron el crimen y admitieron que el comandante de la operación fue Jorge Villa, quien hoy integra disidencias.

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll cuestionó en audiencia a los excomandantes por no haber entregado el cuerpo a la familia, subrayando que la prolongación del silencio configuró la desaparición forzada.

En 2022, Londoño pidió perdón públicamente a Carmen Mirke y a sus hijos por “haberles arrebatado su felicidad y truncado su proyecto de vida”.

Una lucha de dos décadas por la verdad y la justicia

Mirke relató que mantuvo la misma línea telefónica de su hogar durante todos estos años, con la esperanza de recibir una llamada de su esposo. “Les dije a mis hijos que nos portáramos bien, para que, cuando él regresara, encontrara todo en orden”, recordó entre lágrimas.

Gracias a su fortaleza, logró sacar adelante a su familia: hoy sus tres hijos son profesionales y técnicos, mientras ella se dedica al voluntariado como docente en una iglesia cristiana. “Lo que me ha sostenido es mi fe y el servicio a los demás”, expresó.

Aunque el certificado de defunción abre la posibilidad de una reparación administrativa, Carmen insiste en que su mayor anhelo sigue siendo recuperar los restos de su esposo para poder darle sepultura. “Solo con el cuerpo podremos cerrar este ciclo. Uno siempre guarda la ilusión de que esté vivo”, dijo.

Responsabilidades y próximas sentencias

Por este crimen y por la política sistemática de secuestros, la JEP imputó a Rodrigo Londoño y a otros seis exmiembros del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra y lesa humanidad. También fue imputado Erasmo Traslaviña, como responsable regional de la política de secuestro en el Magdalena Medio.

Los comparecientes ya reconocieron su responsabilidad por escrito y se preparan para hacerlo en audiencias públicas, ante las víctimas y el país. En los próximos días, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP emitirá la primera sentencia restaurativa en este caso.

Humberto ‘Toto’ Torres