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La Fiscalía imputó a oficiales, suboficiales y un uniformado retirado por presuntamente desviar recursos de alimentación de un batallón en Ocaña.
La Fiscalía General de la Nación judicializó este jueves 27 de agosto a nueve integrantes y exintegrantes del Ejército Nacional, señalados de presuntamente apropiarse de más de $100 millones destinados a la alimentación de las tropas de un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander. Los hechos investigados habrían ocurrido entre abril y octubre de 2024.
Entre los procesados hay tres mayores, cinco sargentos y un suboficial en retiro. La investigación apunta a que habrían utilizado sus funciones para desviar recursos asignados al suministro de raciones alimentarias y posteriormente alterar documentos para intentar ocultar las irregularidades.
Según la Fiscalía, los hoy procesados habrían suscrito planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones. Los registros, según las evidencias recopiladas, no correspondían con las necesidades reales del batallón.
La investigación también encontró alimentos reportados para escuadras que no estaban agregadas operacionalmente a la unidad. En otros casos, las raciones figuraban como entregadas a uniformados que se encontraban en novedades administrativas o participaban en actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica, Cesar.
Los nueve militares investigados
Los procesados son los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala.
También fue judicializado el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo. La Fiscalía señaló que la responsabilidad de cada uno será determinada de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Ninguno de los nueve procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La imputación constituye el inicio de la actuación judicial y será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades individuales.
Capturas en nueve municipios
Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional. Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en Bogotá, Cúcuta, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja.
Los operativos también se realizaron en Fusagasugá y Nilo, en Cundinamarca; Puerto Boyacá, en Boyacá; Caucasia, en Antioquia, y Túquerres, en Nariño.
La Fiscalía sostiene que los recursos comprometidos estaban destinados a garantizar la alimentación de los militares de la unidad ubicada en Ocaña. Por eso, la investigación se concentra no solo en el supuesto desvío del dinero, sino también en la posible manipulación de los soportes utilizados para justificar la entrega de los alimentos.
El proceso judicial tendrá ahora que establecer cómo se habrían utilizado los recursos, quiénes participaron en las presuntas irregularidades y cuál fue el destino final de los más de $100 millones. La investigación busca determinar si existió una estructura coordinada para apropiarse de dineros públicos destinados a la alimentación de las tropas.
Humberto ‘Toto’ Torres
