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La orden del ente de depurar sus registros contables y legalizar pagos realizados, que figuran como anticipos, pero corresponden a servicios ya prestados.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó a la Nueva EPS implementar un plan correctivo para depurar sus registros contables y legalizar pagos realizados a prestadores de servicios de salud. La medida responde a los hallazgos de la Contraloría General de la República, que revelaron deudas por más de 21 billones de pesos, fallas administrativas críticas y un crecimiento acelerado de anticipos sin respaldo documental.
“Lo que se denomina como anticipos realmente son pagos por servicios ya prestados, pero no se ha dicho a qué factura deben aplicarse”, explicó el superintendente Giovanny Rubiano García. Según la entidad, los montos registrados como anticipos corresponden a pagos que no han sido formalmente imputados a facturas específicas, lo que genera distorsiones contables y afecta la trazabilidad de los recursos.
El informe de la Contraloría documentó que los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones en 2023 a $15,27 billones en junio de 2025, lo que representa un incremento del 155% en dos años. Además, se identificaron $143 mil millones en anticipos con más de dos años sin legalizar y $5,7 billones de la vigencia 2024 sin respaldo documental.
Para subsanar la situación, Supersalud ordenó a la gerente interventora de la Nueva EPS, Gloria Polanía, coordinar reuniones con prestadores en todo el país. El objetivo es elaborar actas que definan la aplicación de cada pago a facturas específicas y eliminar la figura del “falso anticipo”. “En pocas semanas debe haber terminado la ronda con prestadores para definir la aplicación de los pagos recibidos”, señaló Rubiano.
La Superintendencia también exigió a la EPS fortalecer sus sistemas de información, que presentan deficiencias en la integridad de los datos y dificultan el seguimiento transversal de los procesos financieros. Durante la intervención, se recomendó implementar plataformas como Factramed para mejorar el reconocimiento contable de facturas y evitar represamientos.
Además, se instruyó la contratación de auditorías médicas más robustas, con interacción permanente entre prestadores y auditores, para garantizar la calidad de los servicios y el uso eficiente de los recursos. “La intervención no es un mecanismo caprichoso, busca garantizar el buen destino y el uso eficiente de los recursos existentes”, afirmó el superintendente.
Con corte a marzo de 2025, las cuentas por pagar de la Nueva EPS ascendían a $21,37 billones, incluyendo $10,5 billones en anticipos sin legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes de proceso. La Contraloría concluyó que el endeudamiento creciente, la falta de legalización de pagos y los retrasos en la facturación comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de servicios de salud.
Juan Joya
