Nueva EPS: Contraloría halla irregularidades que comprometen la sostenibilidad del sistema de salud

Este martes 9 de septiembre, la Contraloría General de la República alertó sobre la situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, ya que luego de un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, en donde recolectaron información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en la Superintendencia Nacional de Salud, ante la ausencia de estados financieros certificados, el análisis preliminar reveló presuntas irregularidades que comprometen la liquidez de la entidad y ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.

De acuerdo con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), se evidenció un incremento desmesurado en los anticipos pendientes por legalizar. Entre 2023 y 2024, la cifra pasó de $3,4 billones a $8,6 billones, un aumento del 155%. Además, en lo corrido de 2025 se acumularon $6,6 billones adicionales, llegando a un total de $15,27 billones al cierre de junio.

La Contraloría también advirtió que, con corte a junio de 2025, está sin legalizar $5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024. Es decir, gran parte de los recursos girados durante ese año aún no tienen soporte. A esto se suma la existencia de facturas de servicios de salud sin auditar: más de 22 millones de registros por $22,1 billones. Además, expusieron que al depurar los documentos repetidos, se mantiene un saldo de $13,2 billones en facturas pendientes por procesar, la mayoría de los años 2024 y 2025.

Asimismo, la investigación reveló que el 40% del valor de estas facturas, unos $5,2 billones, se concentra en solo 36 prestadores de salud, dentro de una red de más de 2.700. Explicaron que este nivel de concentración aumenta el riesgo fiscal en caso de incumplimientos o litigios. Igualmente, el organismo encontró que la Nueva EPS no cuenta con la capacidad tecnológica necesaria para garantizar la calidad y trazabilidad de la información.

Otro hallazgo se relaciona con la contratación, de acuerdo con el ente de control, la EPS no entregó soportes completos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 441 de 2022. En varias carpetas revisadas no aparecían copias de contratos, notas técnicas ni anexos, lo que dificulta verificar la legalidad de los acuerdos suscritos con prestadores. Este último genera dudas sobre la forma en que se celebraron los convenios para la prestación de servicios de salud.

“La Contraloría identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21.37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22% de la población afiliada. Se destaca que existen $10.5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8.7 billones en facturas pendientes por procesar. Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad financiera de la entidad”, agregaron.

Finalmente, indicaron que se identificó una subestimación en las reservas técnicas por $11,1 billones a diciembre de 2024, además de ausencia de soportes que respalden autorizaciones y facturas. Para la entidad, los hallazgos son una señal de deterioro progresivo de la entidad, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Por ello, la alerta fue remitida a la Delegada para el Sector Salud, que definirá posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales frente a la administración de la Nueva EPS.

Dayineth Molina Velásquez