“Nos subieron el predial sin previo aviso”: manifestantes bloquean la vía Bogotá–La Calera

¿Se están violando los topes legales establecidos por la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019 en los nuevos cobros prediales?

La vía que conecta a Bogotá con el municipio de La Calera permanece bloqueada desde las primeras horas de este miércoles 19 de noviembre, como parte de una protesta ciudadana contra los recientes aumentes en el impuesto predial. La manifestación, liderada por habitantes y miembros de la veeduría del catastro, se concentra en varios puntos estratégicos del corredor vial, generando afectaciones en la movilidad y tensión entre los conductores que transitan a diario por esta ruta.

“Aquí en La Calera se está llevando el proceso de actualización catastral, pero no se están teniendo garantías. Ya se le mandó un derecho de petición al IGAC, la CAR y la Alcaldía Municipal. Ellos respondieron negativamente el modificar el convenio”, afirmó uno de los voceros del bloqueo, quien sostiene que los incrementos en el avalúo de los predios han sido desproporcionados y sin consulta previa.

El cierre ya completa más de tres horas y ha generado largas filas de vehículos y desvíos hacia vías alternas. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores evitar la zona y tomar rutas por Choachí o la vía a Sopó, aunque estas también presentan alta congestión. La Alcaldía de La Calera ha convocado una mesa de diálogo, pero los manifestantes insisten en que no levantarán el paro hasta que se revise el modelo de cobro.

La protesta se da en un contexto regional y nacional de inconformidad por los efectos de las actualizaciones catastrales masivas. En municipios como San Antonio del Tequendama, también en Cundinamarca, se han documentado casos donde el impuesto predial pasó de $200.000 a más de $3 millones anuales, e incluso hasta $16 millones en casos extremos. Estas alzas han sido calificadas por congresistas como “históricas” e “impagables”, y han motivado llamados al Gobierno nacional para revisar los criterios técnicos y sociales de la actualización.

En el caso de La Calera, los manifestantes aseguran que el valor de sus predios se ha triplicado o cuadruplicado sin que existan mejoras en infraestructura o servicios públicos que justifiquen el incremento. La veeduría local ha solicitado la suspensión del convenio interadministrativo que permite la ejecución del catastro multipropósito, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta favorable.

A nivel legal, los incrementos del impuesto predial están sujetos a topes establecidos por la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019, que buscan evitar saltos abruptos en la carga tributaria. Sin embargo, la aplicación de la actualización catastral ha generado aumentos que superan los límites esperados, especialmente en zonas rurales y de expansión urbana.

El caso de La Calera se suma a una lista creciente de municipios que han iniciado protestas o acciones legales contra lo que consideran una política fiscal regresiva. En departamentos como Valle del Cauca, Caldas y Cauca también se han reportado inconformidades similares, lo que ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad del modelo actual de catastro multipropósito.

Juan Joya