“Nos cambió la vida para mal”: empleados de Konecta denuncian afectaciones en salud, la empresa responde con un tajante “si no les gusta, las puertas están abiertas”

Un grupo de trabajadores de Konecta, multinacional de servicios de call center y BPO que en Colombia opera campañas de empresas como DirecTV, denunció en Colmundo Radio lo que consideran graves vulneraciones a derechos laborales y fundamentales tras la sustitución patronal que se dio el 15 de enero de este año, entre Telecenter Panamericana y Konecta.

Según relata María*, empleada con más de cinco años de antigüedad, desde la transición empresarial se modificaron de manera abrupta condiciones previamente garantizadas por escrito, como el acceso a beneficios, las tablas comisionales y hasta el uso del baño.

“Una de las mayores violaciones es la prohibición de usar el baño. Antes podíamos activar en el sistema la opción ‘baño’ para pausar llamadas. Ahora, para ir, debemos pedir autorización al supervisor, quien a su vez debe consultar con otro equipo. Si el turno no coincide con la necesidad fisiológica, toca esperar”, explica.

La medida, asegura, ha derivado en problemas de salud, en especial entre mujeres: infecciones urinarias, visitas a urgencias y múltiples incapacidades, además que se enfrentan a amonestaciones y hasta descuentos en su salario.

De comisiones millonarias a $900.000 o incluso $300.000

El otro punto crítico de la denuncia está relacionado con la drástica reducción de las comisiones. Los trabajadores, que antes podían alcanzar entre $2,3 y $4,4 millones adicionales a su salario base, fueron informados sin canales oficiales, a través de reuniones virtuales improvisadas en mayo, que su piso comisional sería de $300.000, y su techo comisional sería de $900.000 mensuales, a partir de agosto.

“Eso representa una reducción salarial de hasta el 85 %. Muchos tenemos créditos hipotecarios, colegiaturas y obligaciones adquiridas con base en nuestros ingresos anteriores. Nos cambian las reglas de juego de la noche a la mañana”, señala María.

La empresa, dice, se escuda en la figura del ius variandi, que permite al empleador modificar ciertas condiciones laborales. Sin embargo, los trabajadores sostienen que esta herramienta no puede usarse para afectar el mínimo vital ni la estabilidad económica.

De acuerdo con el testimonio, las quejas ante recursos humanos no tienen respuesta: “No existe un canal real de interlocución. Los supervisores solo nos dicen: ‘Eso es lo que hay. Si no les gusta, las puertas están abiertas’”.

Entre los empleados afectados hay personas con enfermedades graves como cáncer o esclerosis, mujeres embarazadas y trabajadores con hasta 16 años de antigüedad. “Salir a buscar otro empleo no es sencillo, no somos jóvenes de 20 años sin obligaciones. Muchos ya cargamos con condiciones de salud que en otro lugar serían barrera para contratarnos”, agrega.

Las denuncias también incluyen restricciones para asistir a citas médicas, trámites escolares de hijos o diligencias personales. “Todo es descontable. Aunque tenemos contratos a término indefinido, actúan como si nos pagaran por horas”, denuncia la trabajadora.

Para María y sus compañeros, los cambios buscan desmotivar a la planta y provocar retiros voluntarios. “Están endureciendo las condiciones para que la gente se canse y renuncie. Pero detrás hay familias enteras que dependen de este trabajo”, concluye.

Paola Martínez Burgos

El nombre de la trabajadora fue cambiado a petición de la fuente para proteger su identidad.