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27 noviembre, 2025El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en sala plena la ponencia que sanciona a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por la violación de los topes de financiación en primera y segunda vuelta. La sesión, que duró menos de una hora y contó con la participación de dos conjueces, concluyó con mayoría absoluta a favor de la sanción. La decisión incluye multas por 5.922 millones de pesos y la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la responsabilidad de Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.
El proceso había avanzado desde el pasado 13 de noviembre, cuando cinco magistrados respaldaron la ponencia presentada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes actuaron como magistrados investigadores. En ese momento solo faltaba un voto para alcanzar la mayoría, luego de que se apartaran del caso la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, recusada por haber sido testigo electoral de esa colectividad, y Álvaro Echeverry, de Colombia Justa Libres, quien se declaró impedido por haber trabajado como abogado en la misma campaña.
Además de los votos de los ponentes, apoyaron la sanción los magistrados Maritza Martínez (Partido de la U), Altus Baquero (Liberal), Alfonso Campos (Conservador) y el conjuez Majer Abushihab. En contra se pronunció el conjuez Iván Acuña, quien fue el único voto disidente en la sala plena. La resolución aprobada establece que se compulsarán copias a la Fiscalía para que se investiguen las presuntas conductas de Roa “frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen”, de conformidad con la parte motiva de la resolución.
El fallo también ordena remitir en medio magnético copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la República, con destino al proceso con radicado 5914. Este trámite busca que la corporación tenga conocimiento del caso y pueda adelantar las actuaciones pertinentes en el marco de sus competencias constitucionales. “La Comisión deberá evaluar los hechos dentro de su función investigativa”, señala el documento.
La decisión del CNE marca un hito en el control de la financiación electoral en Colombia, al involucrar directamente a la campaña que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro y a uno de sus más cercanos colaboradores, hoy al frente de la principal empresa estatal del país. El impacto político y jurídico es contundente, con efectos que se proyectan en el corto plazo, mientras avanzan las investigaciones ordenadas por la Fiscalía y la Comisión de Acusación.
Juan Joya




