Muerte de adulta mayor en dispensario de Nueva EPS en Cúcuta desata investigación y reaviva crisis de medicamentos en Norte de Santander

La muerte de una mujer de 79 años en un dispensario de medicamentos de la Nueva EPS, ubicado en una droguería Cafam del barrio Caobos, en Cúcuta, ha generado indignación nacional y fuertes cuestionamientos al sistema de salud en Norte de Santander. La adulta mayor se encontraba reclamando insumos médicos para su hijo en condición de discapacidad, los cuales —según denuncias— no le eran entregados desde hacía cuatro meses.

El fallecimiento ocurrió en medio de un reclamo por la demora en la entrega de medicamentos y pañales. De acuerdo con testigos y voceros sindicales, la mujer llevaba más de un año realizando gestiones para acceder a estos elementos esenciales, sin obtener respuesta efectiva. El colapso se produjo en el momento en que insistía nuevamente ante el personal del dispensario por la falta de suministro.

Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, aseguró que la usuaria habría recibido un trato inadecuado por parte del funcionario que la atendió. Según explicó, la interacción fue irrespetuosa y esto habría desencadenado un fuerte impacto emocional que precedió a un paro cardíaco fulminante. El dirigente sindical sostiene que la situación fue determinante en el desenlace fatal.

Tras lo ocurrido, tanto Cafam como la Nueva EPS anunciaron la apertura de investigaciones internas para revisar los protocolos de atención aplicados en el caso. La EPS informó mediante un comunicado que trabaja de forma coordinada con las autoridades para esclarecer los hechos y pidió formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud y a los organismos de control que realicen una revisión profunda del caso, con el fin de garantizar transparencia y rapidez en el proceso.

El caso ha sido calificado por representantes del sector salud como un reflejo de una crisis estructural que afecta la entrega oportuna de medicamentos a miles de usuarios. Desde el sindicato advierten que los bloqueos y retrasos en la dispensación de fármacos son recurrentes, lo que impacta directamente la continuidad de tratamientos prioritarios y de alto riesgo.

Hernández también señaló responsabilidades en el ámbito nacional. Según indicó, la inestabilidad administrativa en la EPS estaría relacionada con la constante rotación de interventores, lo que —a su juicio— frena el flujo de pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Además, aseguró que compromisos financieros adquiridos desde diciembre de 2023 no se han cumplido, generando un efecto dominó que termina afectando al usuario final. La falta de recursos en los prestadores, advierte, se traduce en una atención deficiente y deshumanizada en los puntos de entrega de medicamentos.

Organizaciones sociales y miembros de la comunidad han exigido que el caso no quede en la impunidad y que se adopten correctivos estructurales. La exigencia principal es eliminar las barreras administrativas que hoy, según denuncian, ponen en riesgo la vida de pacientes vulnerables, especialmente adultos mayores y personas en condición de discapacidad que dependen de tratamientos continuos.

Humberto ‘Toto’ Torres