El caso Invías pone a prueba la lucha contra la corrupción en el gobierno Petro.
El Ministerio de Transporte, en cabeza de María Fernanda Rojas, se pronunció sobre los presuntos casos de corrupción relacionados con el Instituto Nacional de Vías (Invías). Este anuncio se da luego de la decisión de la Fiscalía de compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para investigar a 28 congresistas presuntamente implicados en irregularidades en la operación de Invías.
La ministra Rojas aseguró que su cartera brindará todas las garantías necesarias para que las investigaciones avancen y se esclarezcan los hechos. a través de un comunicado oficial, el Ministerio destacó su disposición para colaborar con los entes de control y proporcionar la información requerida. Además, Rojas subrayó que sus acciones están alineadas con las directrices del presidente Gustavo Petro en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en el sector.
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La investigación se originó tras las revelaciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien en un interrogatorio reveló detalles sobre una operación de compra de parlamentarios. Benavides estaría tras un principio de oportunidad con la Fiscalía, tras mencionar en sus declaraciones a altos exfuncionarios, como Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Estas acusaciones han sacudido al sector político y han elevado la urgencia por aclarar los hechos.
Por su parte, María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema, presentó formalmente la solicitud para investigar a los congresistas implicados. Dentro de esta lista se encuentran senadores y representantes de diversos partidos políticos, lo que ha generado un debate nacional acerca de la integridad en el ejercicio del poder legislativo. La diversidad de partidos involucrados deja en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y control en las instituciones públicas.
Este caso ha despertado una gran preocupación en la opinión pública y es visto como una prueba determinante para las promesas gubernamentales de combatir la corrupción. La sociedad colombiana, cansada de escándalos en la gestión pública, espera que este proceso no solo llegue a conocer la verdad, sino también a sentar un precedente contundente en la búsqueda de transparencia. Es así, como el Ministerio de Transporte reafirma su compromiso con la justicia, subrayando que esta coyuntura representa una oportunidad para fortalecer las prácticas éticas dentro del sector.
Juan Joya