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La multinacional anticipó que seguirá presente en el mercado colombiano con su marca Chevrolet.
Luego de que se anunciara el cierre de Colmotores, la planta ensambladora de automotores de Chevrolet de General Motors en Bogotá, Edwin Palma, el viceministro de Relaciones Laborales, aseguró sobre la importancia de proteger los derechos laborales de los trabajadores afectados y en la necesidad de tomar medidas para proteger el empleo en la industria automotriz.
“Debemos iniciar las investigaciones por presunta violación a la Constitución y la ley al (…) suspender actividades sin los requisitos señalados en nuestra legislación”, dijo Edwin Palma, viceministro de Trabajo, en un video compartido en la red X.
Fue el pasado 26 de abril, cuando la compañía norteamericana anunció que cerró su centro de ensamblaje en la capital de Colombia. Medida que, según el sindicato de Colmotores, afectó a cerca de 600 trabajadores.
En respuesta a los despidos masivos, Palma enfatizó el impacto significativo que estos tienen en la economía y en el sector laboral del país. Extendió su preocupación por la actuación de General Motors durante el proceso, denunciando que la empresa ha realizado actos que atentan contra el derecho de asociación al despojar a los dirigentes sindicales de sus funciones y cerrar la planta de manera ilegal.
El viceministro declaró que “aunque no es la primera vez que ocurren despidos colectivos, en estos casos se exige una autorización del Ministerio del Trabajo y un equipo técnico para evaluar la necesidad de autorizarlos. Sin embargo, General Motors no siguió este procedimiento y cerró todas las instalaciones, violando los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Por otro lado, el funcionario expresó que, durante la visita por parte de inspectores del trabajo a la planta, enfrentaron obstáculos por parte de la empresa para llevar a cabo la diligencia de inspección.
Adicionalmente, el viceministro señaló que: “Ordenamos asumir el poder preferente para que la investigación se haga en la unidad de investigación especial. Se está hablando de 603 trabajadores. La empresa tiene garantías, pero los trabajadores también las necesitan. Convocamos a las partes a dialogar el próximo martes para abordar la situación de una mejor manera”.
De esta manera, reveló que las responsabilidades que debe asumir General Motors, tanto en el proceso de autorización de despido colectivo como en la violación de los derechos de los trabajadores.
Así las cosas, declaró que se espera que ambas partes puedan llegar a un acuerdo que garantice los derechos tanto de la empresa como de los trabajadores, apelando al principio del equilibrio económico y la justicia social.
En caso de incumplir lo dispuesto en la ley colombiana, se impondrán las sanciones correspondientes. El Ministerio insiste en que espera que a través del diálogo se logren acuerdos.
JUAN JOYA
