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¿Cómo se explica que un modelo diseñado para superar deficiencias históricas haya reproducido problemas de acceso, demoras y falta de medicamentos desde sus primeros meses?
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y varios exfuncionarios del Gobierno por presuntas fallas en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros del país. La decisión se centra en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable de garantizar la atención médica de más de 800.000 docentes y sus familias.
Entre los citados figuran los exministros de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González; de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa; y del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, quienes integraban el Consejo Directivo del Fomag en la época de los hechos. También fueron vinculados los representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez y Christian Rey Camacho, además de la exvicepresidente (e) del Fomag, Magda Lorena Giraldo Parra, y el expresidente de La Fiduprevisora, John Mauricio Marín Barbosa.
De acuerdo con el órgano de control, los investigados habrían dispuesto la entrada en operación del nuevo modelo de salud del magisterio el 1 de mayo de 2024, sin que existieran las condiciones necesarias para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio. Esta decisión, según la Procuraduría, pudo vulnerar los principios de eficacia y economía de la función pública.
El auto señala que la conducta de los implicados habría puesto “en riesgo el derecho fundamental a la salud de los afiliados a ese régimen de excepción”, como consecuencia de la falta de planeación e improvisación en la materialización de los lineamientos para la contratación en el nuevo esquema.
En el caso del ministro Jaramillo, la Procuraduría lo acusa de no haber cumplido de manera adecuada su función de dirigir y coordinar la asistencia técnica al Consejo Directivo del Fomag y a la Fiduprevisora durante la implementación del sistema. Por estos hechos, la entidad calificó su presunta conducta —así como la del expresidente de La Fiduprevisora y la exvicepresidente (e) del Fomag— como falta grave cometida con culpa grave.
Respecto a los miembros del Consejo Directivo del Fomag, la Procuraduría determinó que su aparente responsabilidad corresponde a una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, lo que implica un nivel superior de reproche disciplinario.
En el mismo auto, el órgano de control dispuso el archivo de la actuación disciplinaria en favor del exsuperintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, al concluir que no existía mérito para considerar que incumplió sus deberes funcionales antes y durante la operación del nuevo modelo de salud para el magisterio.
Una implementación que ha estado marcada por críticas debido a fallas en cobertura, demoras en la atención y problemas en la entrega de medicamentos. El proceso disciplinario busca determinar responsabilidades individuales en la planeación y ejecución del modelo, mientras se mantiene la presión de la Corte Constitucional, que recientemente negó una prórroga al Ministerio de Salud para entregar información sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), clave para la financiación del sistema.
Juan Joya
