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El Ministerio de Salud y Protección Social ha elevado una solicitud de aclaración ante la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, en relación con el Auto 007 de 2025, emitido el 23 de enero de 2025. Este auto declaró la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024 y ordenó al ministerio crear una mesa de trabajo para revisar y ajustar la metodología de cálculo de la UPC. Sin embargo, el ministerio ha manifestado preocupaciones sobre posibles extralimitaciones de funciones y conflictos jurídicos.
Preocupaciones del Ministerio de Salud
El ministerio ha identificado varias inquietudes que podrían afectar la operatividad del sistema de salud y generar tensiones institucionales. Entre las principales preocupaciones destacan:
Estructura y funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento:
El ministerio cuestiona aspectos clave como quién presidirá la mesa, cómo se regulará su operatividad y si es necesario socializar previamente su reglamento. Además, se pregunta si debe establecerse un marco normativo para su funcionamiento y si este debe ser objeto de consulta pública, conforme a la Ley 1437 de 2011.
Declaración de insuficiencia de la UPC de 2024:
El ministerio detecta contradicciones en la decisión de declarar insuficiente la UPC de 2024, ya que no se justificó con estudios técnicos la existencia de un rezago en las vigencias 2021-2023. Tampoco se especifica si dicho rezago es financiero, operativo o relacionado con costos específicos de atención. Además, se observa una aparente contradicción al ordenar un reajuste para 2021-2023 cuando la insuficiencia se declaró en 2024.
Mecanismo de reajuste de la UPC:
El auto establece que la UPC debe ajustarse con base en el IPC definitivo de cada año, el cual solo se conoce a posteriori. El ministerio argumenta que esta medida plantea un problema de sincronización contable y presupuestal. Asimismo, en caso de que el reajuste deba aplicarse retroactivamente, se pregunta si se deberán realizar pagos adicionales a las EPS en los años siguientes.
Competencia de la Sala Especial de Seguimiento:
El ministerio cuestiona si la sala tiene la competencia para modificar la metodología de cálculo de la UPC, lo que podría entrar en conflicto con normativas vigentes y competencias exclusivas del Ministerio de Salud. La cartera teme que funcionarios del ministerio puedan ser sancionados disciplinaria o penalmente por aplicar decisiones que contradigan las normas ya establecidas.
Posibles implicaciones
El Ministerio de Salud asegura que estas inquietudes deben ser aclaradas para garantizar una implementación efectiva y legal de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Según el ministerio, la mayoría de la Sala podría estar extralimitando sus funciones al ordenar cambios en la metodología de cálculo de la UPC, lo que podría generar conflictos jurídicos e institucionales.
En conclusión, este caso pone en evidencia la complejidad de equilibrar las decisiones judiciales con las competencias técnicas y administrativas del Ministerio de Salud. La solicitud de aclaraciones busca evitar vacíos legales y garantizar que cualquier ajuste a la UPC se realice de manera transparente y conforme a la normativa vigente. Mientras tanto, el sector salud espera respuestas claras que permitan avanzar sin comprometer la estabilidad del sistema.
Sala Digital Colmundo
