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El Ministerio de Salud presentó formalmente un escrito de recusación contra la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda, tras las declaraciones de la funcionaria sobre una presunta crisis en el sistema de salud debido a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según la cartera, Ojeda emitió juicios “sin sustento probatorio y sin imparcialidad”, vulnerando principios fundamentales del debido proceso.
En el documento dirigido a la Procuraduría General de la Nación, el ministerio solicitó la designación de un procurador ad hoc que garantice la imparcialidad en los procesos administrativos relacionados. “Es necesario respetar el derecho fundamental al debido proceso”, afirmó el comunicado oficial.
Declaraciones cuestionadas
La polémica se generó luego de que la procuradora Ojeda, en entrevistas recientes, calificara como “irreversible” y “caótica” la situación del sistema de salud en Colombia. Entre sus afirmaciones más críticas, señaló:
“Que revisen la Unidad de Pago por Capitación (…) porque la situación como está es irreversible, es caótica, la crisis es grande.”
“En un país donde cierran más de 1.000 servicios, clínicas y hospitales, no es momento de seguir destruyendo el sistema.”
Además, Ojeda cuestionó la resolución 2717 de 2025, afirmando que contenía “presuntamente falsa motivación” y que las razones para fijar la UPC “no son técnicas”.
Argumentos del Ministerio de Salud
El Ministerio aseguró que las declaraciones de la funcionaria “generan desconfianza colectiva hacia las instituciones públicas” y violan el principio de imparcialidad que debe regir las actuaciones administrativas. A su vez, enfatizó que estos juicios podrían afectar negativamente la legitimidad del Estado y los procesos de diseño de políticas públicas en el sector salud.
En su escrito, el ministerio pidió que la procuradora Ojeda se abstenga de participar en actuaciones relacionadas y solicitó la intervención de un delegado que garantice neutralidad en el manejo del caso.
El pronunciamiento ha generado un intenso debate en el ámbito político y sanitario. Algunos sectores respaldan la recusación del Ministerio, mientras que otros consideran las críticas de la procuradora como una voz necesaria para señalar fallas estructurales en el sistema de salud.
Por ahora, la Procuraduría General deberá determinar si acepta la recusación y designa a un funcionario ad hoc, lo que podría marcar un precedente en los procesos de control sobre las políticas de salud pública.
Humberto ‘Toto’ Torres
