Ministro Edwin Palma, bajo indagación disciplinaria por contratos cuestionados en su paso por Air-e

Se investigan contratos con empresas recién creadas, presuntos favorecimientos políticos y uso de recursos públicos para fines personales.

La Procuraduría General de la Nación confirmó este jueves la apertura de una actuación preventiva sobre la intervención de la empresa Air-e S.A.S. E.S.P., encargada de la distribución de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El proceso busca determinar si hubo irregularidades cometidas durante la gestión del actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. El funcionario se desempeñó como agente especial de la compañía entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

La actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a posibles afectaciones al interés público y verificar si se cumplieron los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el manejo de recursos durante la intervención. “El Ministerio Público revisará los actos administrativos, contractuales y financieros ejecutados en ese periodo”, señaló la entidad.

Uno de los principales focos de la indagación es el contrato C001-2025, suscrito el 25 de febrero con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), representado por Macro Integral Soluciones S.A.S., una empresa constituida apenas 20 días antes de la adjudicación. El contrato, por más de 14 mil millones de pesos, fue suspendido por el nuevo interventor tras detectar incumplimientos y anomalías en la sede del consorcio.

La Procuraduría también investiga si hubo favorecimientos políticos en la selección de contratistas y si se usaron fondos públicos para fines personales. Entre las denuncias más graves figura el presunto uso de recursos de Air-e para asistir a partidos de la Selección Colombia y eventos del Carnaval de Barranquilla. Según los reportes recibidos, se habrían financiado boletas VIP, transporte y hospedaje para familiares y aliados políticos.

Otro punto bajo revisión es el nombramiento de Juan Pablo Nieto Egea como gerente contable de Air-e durante la intervención. Nieto Egea es primo del ministro Palma, y la Procuraduría busca establecer si se cumplió con los requisitos de mérito y transparencia en su designación.

También se evalúan inconsistencias en los reportes financieros presentados durante la intervención. Se identificaron diferencias significativas entre los montos adeudados por el Gobierno a Air-e: un informe hablaba de 18 millones de pesos y otro de más de 335 mil millones. Esta discrepancia podría haber sido utilizada para justificar solicitudes de recursos adicionales.

El ministro Palma ha rechazado públicamente los señalamientos. Ha sostenido que su gestión se ajustó a la legalidad vigente y que “mi actuación fue intachable”. También aseguró que durante su administración se mejoró la prestación del servicio y se fortaleció la relación con los usuarios.

Por su parte, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe solicitó formalmente al ministro Edwin Palma Egea que rinda explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas durante su administración como agente especial de Air-e S.A.S. E.S.P. La organización ciudadana expresó su preocupación por las denuncias de presuntas irregularidades y la falta de transparencia en los contratos.

Según el comunicado emitido por la Liga, los usuarios del servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira tienen derecho a conocer cómo se gestionaron los fondos públicos y qué criterios se aplicaron para seleccionar proveedores y personal directivo. “No se trata solo de revisar papeles, sino de proteger los derechos de miles de familias que dependen de un servicio esencial”, señaló la organización.

Juan Joya