Ministro de Trabajo enfrenta investigación en la Corte Suprema: ¿pruebas contundentes o estrategia política?

La Corte Suprema de Justicia asumió la investigación en contra del hoy  Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien está vinculado a un proceso penal por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio. Este caso será trasladado a la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, la cual tendrá la responsabilidad de determinar si existen fundamentos legales suficientes para llevar al alto funcionario a juicio. La investigación se basa  en hechos ocurridos en el año 2008, cuando Sanguino se desempeñaba como concejal de Bogotá con el aval del Polo Democrático Alternativo, periodo en el cual presuntamente habría intervenido en el nombramiento de la gerente del Hospital de Usme en favor de intereses políticos y económicos.

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos al actual ministro en octubre de 2024, señalando que el nombramiento de la gerente del hospital no solo facilitó el control político de Sanguino sobre la contratación en la localidad, sino que también propició la adjudicación de contratos relacionados con la construcción y dotación de una nueva sede del hospital. Según las acusaciones, estas acciones habrían generado comisiones y beneficios indebidos que fortalecieron su influencia en una de las zonas más pobladas de la ciudad. En este sentido, el empresario Julio Gómez, una figura central en el carrusel de la contratación durante la administración del exalcalde Samuel Moreno, se posiciona  como el primer testigo clave que declarará en contra del ministro. Gómez habría obtenido beneficios directos como resultado de las acciones de Sanguino, utilizando la figura de confianza nombrada en el hospital para lograr sus objetivos.

En su defensa, Antonio Sanguino ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra y ha afirmado en múltiples declaraciones que no existe ninguna conducta que configure un delito. El ministro argumenta que el nombramiento de la gerente del hospital se realizó por medio de un concurso público y que la investigación, que lleva abierta más de una década, no ha producido avances sustanciales. Razón por la cual, ha solicitado que se archive el caso, calificando las acusaciones como infundadas y carentes de mérito. Sanguino también destacó que, hasta la fecha, ni la Fiscalía ni la Corte Suprema han formulado una acusación formal en su contra, lo cual, según él, pone de presente la falta de pruebas contundentes que respalden las imputaciones.

La audiencia prevista  para el pasado 26 de marzo tenía como objetivo la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General, en ese documento se detalla la supuesta participación del ministro en los delitos imputados. La fiscalía en su competencia  es la encargada de sustentar el rol de Sanguino habría utilizado su posición como concejal para favorecer el nombramiento de la gerente del hospital y consolidar su poder político en la localidad. Mientras el proceso avanza, el expediente será formalmente asumido por la Corte Suprema de Justicia en los próximos días, lo cual marcará un punto de inflexión en este caso que ha generado gran atención mediática y pública.

Es ahora como la Sala de Primera Instancia del alto tribunal será la encargada de analizar las pruebas presentadas y definir los pasos a seguir, incluyendo si hay mérito suficiente para abrir un juicio formal. Mientras esto sucede, Sanguino permanecerá vinculado al caso en calidad de investigado y tendrá la oportunidad de aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa.

Juan Joya