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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, lanzó una contundente advertencia a los transportadores que participen en el tráfico de combustible hurtado, asegurando que no solo enfrentarán procesos judiciales, sino también la extinción de dominio de sus vehículos e, incluso, su destrucción si operan en zonas de alta conflictividad.
El anuncio se hizo durante un encuentro con representantes del gremio transportador, donde el alto funcionario denunció que, en operativos recientes, se ha detectado que camiones de carga pesada están siendo utilizados para mover gasolina robada de oleoductos, la cual termina sirviendo como insumo para el narcotráfico y el financiamiento de grupos armados.
“Están advertidos”: cero tolerancia con la ilegalidad
El ministro Sánchez Suárez fue enfático al señalar que estas prácticas no son un delito menor, sino un eslabón clave en las economías ilegales que sostienen a organizaciones criminales.
“Al facilitarles ese insumo, están afectando directamente los esfuerzos de seguridad en el territorio. Estos mismos grupos son los que después extorsionan, secuestran y cometen atentados terroristas”, afirmó.
Además, reveló que, en coordinación con los ministerios de Justicia y Minas y Energía, se intensificarán los operativos para identificar y sancionar a los implicados, con medidas drásticas:
- Extinción de dominio de los vehículos utilizados en el transporte ilegal.
- Destrucción de los automotores si son detectados en zonas de alto riesgo.
- Judicialización de los conductores cómplices.
Llamado a la denuncia y compromiso con la seguridad vial
El ministro también instó al gremio transportador a colaborar con las autoridades, recordando que cuentan con la línea gratuita 147 para reportar actividades sospechosas de manera confidencial.
“Nuestro compromiso es garantizar la libre movilidad y seguridad en las carreteras para quienes operan dentro de la legalidad”, aseguró, subrayando que la medida busca proteger a los transportadores honestos y debilitar las redes logísticas del crimen organizado.
Con esta advertencia, el Gobierno busca cortar un flujo clave de recursos para los grupos armados, en medio de la estrategia para recuperar el control en zonas priorizadas donde operan estructuras ilegales.
Humberto ‘Toto’ Torres
