Ministerio de Ambiente presenta nueva delimitación del páramo de Santurbán y desata rechazo de mineros de Soto Norte

El Ministerio de Ambiente presentó tres proyectos de resolución con los que busca avanzar en la protección del páramo de Santurbán y su sistema hídrico, una de las principales fuentes de agua del nororiente colombiano. Sin embargo, las medidas provocaron un fuerte rechazo de organizaciones mineras y sociales de Soto Norte, que consideran que las decisiones afectan la minería tradicional y desconocen el proceso de concertación ordenado por la Corte Constitucional.

La propuesta del Gobierno contempla una delimitación progresiva del ecosistema, la creación de una nueva reserva permanente en el municipio de California (Santander) y la ampliación de una reserva temporal hasta 2029, medidas que, según la cartera ambiental, buscan fortalecer la conservación del complejo de páramos.

Gobierno asegura que cumple la sentencia de la Corte Constitucional

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, explicó que las iniciativas responden al cumplimiento de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, decisión que anuló la anterior delimitación del páramo de Santurbán y ordenó desarrollar un nuevo proceso con participación de los municipios involucrados.

La funcionaria destacó que la propuesta introduce un nuevo mecanismo para avanzar en ese objetivo. “Presentamos la resolución 863 de 2026. Mediante esta resolución adoptamos una metodología innovadora que permite la delimitación progresiva en los páramos, sin reducir los estándares de integralidad ni los términos de gobernanza incluidos en la sentencia T-361 de 2017”, afirmó.

Así serían las tres medidas para proteger Santurbán

El primer proyecto de resolución plantea delimitar 29.199 hectáreas de páramo distribuidas en 19 municipios, además de incorporar nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y ambiental para la protección del ecosistema.

La segunda iniciativa propone declarar una reserva permanente de 1.500 hectáreas en la quebrada La Baja, en el municipio de California, sustentada en estudios técnicos elaborados por el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades científicas.

Finalmente, el tercer proyecto busca actualizar y ampliar una reserva temporal en el costado occidental del macizo, incorporando 88 hectáreas adicionales y extendiendo su vigencia hasta marzo de 2029.

El Ministerio dice que la minería tradicional podrá continuar

La ministra encargada aclaró que las resoluciones no suspenden los procesos de formalización de la minería tradicional, pero sí establecen restricciones para nuevos proyectos de mayor impacto ambiental.

“No estamos desconociendo la realidad de la minería tradicional de arraigo comunitario ni los procesos de formalización que ya se encuentran en curso. Lo que no se otorgará son nuevos títulos ni nuevas concesiones para minería de mediana y gran escala por la afectación que tendría sobre el ecosistema”, sostuvo Vélez.

Con ello, el Gobierno insiste en que las limitaciones estarán dirigidas a impedir nuevas licencias para proyectos de mediana y gran minería, mientras continúa el proceso de formalización de pequeños productores.

Asomineros acusa al Gobierno de afectar la minería legal

Las organizaciones sociales, comunales y mineras de Soto Norte rechazaron las resoluciones y anunciaron acciones legales contra el Ministerio de Ambiente y los funcionarios responsables de las decisiones.

La presidenta de Asomineros Vetas y del POMCA del Alto Lebrija, Ivonne González, aseguró que las nuevas medidas terminarán debilitando la minería legal y favoreciendo la ilegalidad.

“Con estas tres resoluciones el Gobierno del presidente Gustavo Petro prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos ser formales y los titulares legales vamos a ser desplazados para dejarle el territorio a la ilegalidad”, afirmó.

Mineros cuestionan la delimitación progresiva

Las organizaciones sostienen que la denominada delimitación progresiva contradice la posición jurídica que el propio Ministerio de Ambiente presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023.

Según recuerdan, en ese documento la cartera ambiental manifestó que “no es posible jurídicamente implementar los acuerdos de concertación de manera parcial”, ya que el proceso debía completarse con todas las etapas de participación antes de expedir una nueva resolución de delimitación.

Además, el Ministerio también habría señalado entonces que la delimitación del complejo de páramos debía entenderse como un proceso integral y no susceptible de fragmentarse, criterio que ahora, según los mineros, estaría siendo desconocido.

Anuncian denuncias penales y nuevas acciones jurídicas

Ivonne González también cuestionó la creación de la reserva permanente en California y la ampliación de la reserva temporal, argumentando que ambas decisiones se adoptaron sin una participación suficiente de las comunidades y afectan la principal actividad económica de varios municipios de Soto Norte.

Como respuesta, las organizaciones anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra los funcionarios que impulsaron las resoluciones.

Un debate que sigue abierto tras ocho años de espera

La controversia se produce a menos de tres semanas del cambio de gobierno y vuelve a poner en el centro del debate la delimitación definitiva del páramo de Santurbán, un proceso que permanece pendiente desde hace más de ocho años, luego de que la Corte Constitucional ordenara rehacer el procedimiento con garantías de participación ciudadana.

Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas resoluciones permiten avanzar en la protección de uno de los ecosistemas estratégicos del país, las organizaciones mineras insisten en que las medidas vulneran el proceso de concertación y ponen en riesgo la continuidad de la minería tradicional en la región.

Sala Digital Colmundo