Minería ilegal, narcotráfico y deforestación: el trinomio que amenaza la Amazonía

¿Cuáles son los principales obstáculos para la presencia estatal en los territorios dominados por grupos criminales?

Ante la permanente preocupación por la deforestación en la Amazonía, Colombia y Ecuador enfrentan una crisis ambiental profunda. Los informes recientes han revelado la acelerada destrucción de los ecosistemas selváticos debido a la minería ilegal, la expansión de cultivos ilícitos y la construcción de carreteras clandestinas. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos para frenar el fenómeno, los datos muestran que la degradación ambiental avanza sin que las medidas implementadas logren detenerla por completo.

El Ministerio de Defensa de Colombia ha lanzado la estrategia ‘Midas’ bajo el objetivo de enfrentar la explotación ilícita de yacimientos mineros. La iniciativa, que ha permitido la intervención de más de dos mil minas ilegales en lo que va del año, cuenta con el apoyo de investigadores criminales especializados en delitos ambientales y funcionarios de inteligencia policial. Los departamentos más afectados por la minería ilegal, como Antioquia, Cauca y Bolívar, han sido el foco de las acciones de la Fuerza Pública. Sin embargo, los grupos armados organizados han ajustado sus estrategias para incrementar las ganancias derivadas de esta actividad, lo que ha llevado a un aumento en los puntos de extracción ilícita de minerales.

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El impacto ambiental generado por la minería ilegal no se limita a Colombia. En la Amazonía ecuatoriana, la deforestación ha avanzado en más de setecientas hectáreas desde 2020, principalmente en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina ha registrado el crecimiento de esta actividad en zonas protegidas y territorios indígenas. Este estudio advierte que el 68 % de la deforestación ha ocurrido en comunidades de las nacionalidades Shuar y Kichwa, lo que representa una grave amenaza para sus derechos y formas de vida tradicionales. Los grupos criminales que operan en la frontera con Colombia han impulsado la extracción ilegal de oro fuera de áreas.

Mientras Colombia se presentaba como líder en biodiversidad en el reciente panel de la ONU, la realidad nacional mostraba una contradicción alarmante. En apenas seis meses, el país perdió 89 mil hectáreas de la Amazonía debido a la minería ilegal, el cultivo de coca y la apertura de vías clandestinas. La deforestación descontrolada no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que también amenaza la seguridad alimentaria y el acceso a recursos hídricos en las comunidades afectadas. La Procuraduría General de la Nación ha identificado los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo como los más vulnerables ante el avance de la destrucción forestal.

La construcción de carreteras ilegales ha sido señalada como uno de los principales factores que contribuyen a la deforestación. Serían más de mil kilómetros de vías clandestinas los que han sido documentados en los últimos meses, atravesando parques nacionales y reservas naturales. Estos corredores facilitan el acceso a zonas remotas, promoviendo la tala indiscriminada y la apropiación de tierras. En regiones como Meta y Guaviare, el crecimiento de la red vial clandestina se ha vinculado con el deterioro de ecosistemas estratégicos. La vía Puerto Cachicamo-La Tunia, que cruza el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, es un ejemplo del impacto que la infraestructura ilegal tiene sobre áreas protegidas.

El aumento de la deforestación en 2024 contrasta con los avances alcanzados el año anterior. En 2023, Colombia registró la cifra más baja de pérdida de bosques en más de dos décadas, gracias a la implementación de políticas de contención y el trabajo conjunto con comunidades locales. Sin embargo, el repunte del 35 % en 2024 evidencia la fragilidad de los avances y la influencia de factores externos, como el conflicto armado y las economías ilícitas. La ministra de Ambiente ha reconocido que la intervención estatal se ha visto limitada en ciertas regiones debido a la presencia de grupos armados y la complejidad de las dinámicas territoriales.

Por su parte, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana ha alertado sobre los efectos de la deforestación en sus territorios. La pérdida de bosques compromete la seguridad alimentaria y reduce la capacidad de estas comunidades para ejercer el control sobre sus tierras. La posible reducción del apoyo internacional a proyectos de conservación podría agravar la situación, dejando a los pueblos indígenas en una posición aún más vulnerable frente a la expansión de actividades ilegales.

El desafío de proteger la Amazonía requiere una visión de largo plazo y la coordinación entre el Estado, las comunidades locales y la cooperación internacional. La restauración de áreas degradadas y la promoción de alternativas productivas sostenibles son iniciativas fundamentales para revertir la tendencia actual. La fluctuación en las cifras de deforestación refleja la complejidad del problema y la necesidad de abordar sus causas estructurales mediante estrategias integrales que permitan la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

Juan Joya