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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aclaró que no está en firme la orden de arresto de cinco días emitida por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería contra la ministra encargada, Irene Vélez, por un presunto desacato en la entrega de información sobre convenios suscritos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la región de La Mojana.
La sanción, que incluye además una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales vigentes —más de siete millones de pesos—, se produjo tras un incidente de desacato interpuesto por el ciudadano Manuel Navarro Manchego, quien actúa en representación de los habitantes de esa zona, afectada históricamente por inundaciones y emergencias ambientales.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio, la medida “se encuentra en grado jurisdiccional de consulta, lo que significa que no está en firme y deberá ser evaluada por el superior funcional”. En ese proceso, precisó la entidad, se revisará tanto el cumplimiento de la orden judicial como la proporcionalidad de la sanción, aspectos que “permiten prever que la sanción sea revocada”.
El Ministerio aseguró que el requerimiento fue atendido dentro de los tiempos establecidos por la autoridad judicial, y que las respuestas fueron remitidas junto con los soportes y certificaciones de envío correspondientes. “La medida resulta desproporcionada frente a los hechos, pues el Ministerio ya dio cumplimiento a la orden impartida”, indicó la cartera.
Asimismo, el comunicado subrayó que la responsabilidad en los incidentes de desacato es de carácter subjetivo y recae exclusivamente sobre el funcionario encargado de ejecutar la orden judicial. En ese sentido, el Ministerio explicó que el trámite del derecho de petición “no estaba asignado al despacho de la ministra, por lo que no existe responsabilidad personal ni conducta negligente atribuible a ella”.
La entidad reiteró su respeto por las decisiones judiciales y su compromiso con la colaboración interinstitucional, asegurando que continuará atendiendo las solicitudes de los ciudadanos y las órdenes de la jurisdicción constitucional “con rigor, diligencia y transparencia”.
El fallo del juzgado de Montería surge a raíz de una solicitud de información relacionada con los convenios entre el Ministerio y el PNUD en proyectos ejecutados en La Mojana, una de las regiones más golpeadas por la crisis ambiental del país. Según el demandante, la entidad no habría entregado oportunamente los datos requeridos, lo que motivó la acción judicial.
Mientras el proceso sigue en revisión, el Ministerio confía en que la instancia superior revoque la sanción de arresto y multa impuesta a Irene Vélez, al considerar que se cumplió con la orden y que no existió negligencia por parte del despacho ministerial.
Humberto ‘Toto’ Torres
