Migración inversa: el drama oculto en la selva del Darién

¿Cómo están respondiendo las autoridades?

Entre el 1.º de enero y el 15 de marzo de 2025, un total de 3.485 migrantes ingresaron a Colombia desde Panamá utilizando la ruta La Miel-Capurganá, localizada en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó. Este fenómeno ha sido identificado como un flujo migratorio inverso, caracterizado por el movimiento de personas desde el norte hacia el sur, contrario a la dirección habitual de migración en busca de mejores oportunidades en países más desarrollados. Las cifras reflejan un cambio en la dinámica migratoria internacional, atribuido en gran medida a las recientes políticas de control migratorio adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades han informado que, entre los migrantes registrados, el 52 % son hombres, el 25 % mujeres y el 19 % niñas, niños y adolescentes. Este nuevo patrón plantea importantes desafíos humanitarios, no solo para los gobiernos locales encargados de atender a estas personas, sino también para las organizaciones humanitarias y la comunidad internacional que trabajan en la defensa de los derechos humanos y la ayuda a poblaciones vulnerables.

Por otra parte, se ha registrado un incremento preocupante en el número de desplazamientos forzados y confinamientos internos en diversas regiones de Colombia durante el mes de marzo de 2025. En este periodo, se documentaron seis eventos de desplazamiento masivo que afectaron directamente a 505 familias, equivalentes a 1.139 personas, en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Simultáneamente, cinco eventos de confinamiento limitaron la movilidad de 1.206 familias en Chocó, Cauca y Caquetá. Además, se identificaron otros siete eventos relacionados con riesgos de desplazamiento y/o confinamiento en regiones como Arauca, Caquetá, Cesar, Meta, Nariño y Valle del Cauca, así como 17 eventos más en Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Meta, Putumayo y Valle del Cauca. Las causas principales detrás de estos fenómenos incluyen la contaminación del territorio por artefactos explosivos, el reclutamiento forzado de menores, la presencia de actores armados ilegales y las confrontaciones entre grupos armados, además de homicidios selectivos y amenazas directas contra la población.

Es de recordar que la región del Catatumbo continúa siendo una de las más golpeadas por la violencia y los efectos del conflicto armado. Entre el 16 de enero y el 31 de marzo de 2025, en esta región se reportaron 61.565 personas desplazadas, 16.615 confinadas, 98 homicidios, la desaparición de seis firmantes del Acuerdo de Paz y 21 personas lesionadas en actos violentos. Estos hechos subrayan la necesidad imperativa de reforzar las medidas de protección para las comunidades vulnerables, así como de garantizar la atención humanitaria a las personas afectadas y avanzar en la construcción de paz territorial.

En el contexto internacional, las deportaciones desde Estados Unidos también han sido motivo de preocupación. Durante el primer trimestre del año, un total de 1.462 colombianos fueron deportados, de los cuales 531 regresaron en el mes de marzo. La Defensoría del Pueblo ha recibido numerosas denuncias sobre las condiciones inadecuadas en que estas personas fueron detenidas y trasladadas. Entre las principales quejas se encuentran casos de violencia basada en género y abuso sexual, requisas inapropiadas, condiciones precarias para el aseo personal, alimentación insuficiente y de mala calidad, dificultades para acceder a atención médica y medicamentos, despojo de pertenencias, y actos de discriminación y xenofobia. En respuesta a estas denuncias, la Defensoría ha hecho un llamado a las autoridades para que las medidas de control migratorio se ajusten plenamente al derecho internacional y se implementen con un enfoque humanitario que respete los derechos fundamentales de las personas afectadas.

En conjunto, estos eventos ponen de presente un complejo panorama de movilidad humana que exige una respuesta integral, coordinada y urgente por parte del Gobierno colombiano, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo ha insistido en la importancia de implementar acciones que prioricen la protección de las comunidades afectadas, al tiempo que refuercen los esfuerzos para atender las necesidades humanitarias de quienes enfrentan estas difíciles condiciones. La situación actual demanda soluciones que no solo busquen mitigar los efectos inmediatos de estas crisis, sino que también trabajen hacia la construcción de una paz sostenible y una mayor estabilidad en las regiones más afectadas.

Juan Joya