Miembros de la Policía aceptan cargos por interceptaciones a Marelbys Meza

Los procesados ahora se convertirán en testigos clave en la investigación que busca determinar más responsabilidades en el caso.

Este miércoles, la Juez 53 Penal del Circuito decretó la ruptura procesal contra los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Alejandra Canizales por el delito de violación de datos personales. Los uniformados implicados en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos exempleadas de la jefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, firmaron un preacuerdo con la Fiscalía y aceptaron su responsabilidad en el caso.

La fiscal del caso, Cindy Hernández, confirmó que los principios de oportunidad ya cuentan con el aval de los representantes de las víctimas del caso. Razón por la cual, se solicitó la ruptura procesal para Quinchanegua y Canizales, quienes se convertirán en testigos clave en la investigación que se adelanta contra otros uniformados y particulares involucrados en las chuzadas.

Durante la audiencia, Alfonso Quinchanegua aceptó los cargos de falsedad en documento público y fraude procesal. Por su lado, Alejandra Canizales también aceptó cargos y expresó su arrepentimiento, afirmando que actuó bajo órdenes de sus superiores. “Quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida. Al perder mi libertad, pasé por situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó Canizales.

En ese sentido, el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales, al parecer, con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de Sarabia.

Ante lo declarado, la juez avaló los preacuerdos y en los próximos días, en una nueva diligencia, se leerá la sentencia en su contra. La Fiscalía pidió una rebaja del 50% de la condena y que se les brinde prisión domiciliaria.

La Fiscalía pudo establecer que los uniformados habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes, y a los jueces de control de garantías que terminaron por legalizar las interceptaciones.

Juan Joya