“Mi hijo no es un indocumentado”: Representante Ángela María Vergara

¿El Gobierno colombiano puede solicitar repatriación inmediata o solo acompañamiento consular?

La representante a la Cámara Ángela María Vergara, del Partido Conservador, denunció públicamente que su hijo completa 18 días retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según explicó, la detención se produjo en medio de un proceso migratorio que se adelantaba dentro de los canales legales. La congresista relató las condiciones de salud y detención del joven y solicitó de manera formal la intervención del Gobierno colombiano para garantizar acompañamiento consular y facilitar su retorno al país.

En su declaración, la legisladora afirmó: “Mi hijo no es un indocumentado, mi hijo es otro latino más que está sufriendo en carne propia lo que miles de latinos hoy están sufriendo en Estados Unidos”. Según su versión, el joven no se encontraba en condición irregular ni había incurrido en conductas delictivas. Añadió que “jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito” y que estaba “en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo”.

La congresista señaló que el joven se encuentra enfermo dentro del centro de detención. “Hoy ellos se encuentran enfermos. Mi hijo está enfermo al igual que todos los que se encuentran con él en esa celda”, manifestó, al referirse no solo a su caso particular sino al de otros migrantes retenidos en condiciones que describió como difíciles. Subrayó que se trata de “personas que como él no son delincuentes”, insistiendo en que la detención responde a la aplicación estricta de medidas migratorias y no a procesos penales.

Vergara explicó que inicialmente decidió no hacer pública la situación. “Guardé silencio porque el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana, pero hoy es necesario decirlo”, afirmó. Con esa declaración indicó que esperaba una resolución dentro del sistema judicial estadounidense, pero que, ante la prolongación de la retención, optó por acudir al ámbito público e institucional en Colombia. Una decisión motivada por la falta de avances en el caso.

En su denuncia también solicitó “de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el retorno, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”. La petición implica que el Estado colombiano active los mecanismos consulares disponibles para verificar condiciones de detención, estado de salud, situación jurídica y eventuales opciones de repatriación. En este tipo de casos, la intervención diplomática no altera los procesos judiciales del país receptor, pero sí puede garantizar asistencia y seguimiento. Un llamado formal a la acción diplomática del Estado colombiano.

Juan Joya