Menor que atentó contra Miguel Uribe no aceptó cargos: Fiscalía pidió internación en centro especializado

El menor de 15 años señalado de disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, durante un evento político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La audiencia se realizó este martes 10 de junio ante un juez especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, luego de que fuera capturado en flagrancia portando una pistola Glock de 9 milímetros, adquirida en 2020 en el estado de Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, el adolescente se declaró inocente y el proceso continúa su curso judicial.

De acuerdo con las investigaciones, las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el que el menor disparó contra el líder político. La Fiscalía ha sustentado su acusación en estas pruebas visuales y en la flagrancia al momento de su captura. A pesar de ello, la defensa del menor decidió no aceptar los cargos.

El penalista Francisco Bernate explicó que esta decisión puede deberse a dos razones fundamentales. “Efectivamente quiere dejar su situación para que se resuelva en un juicio. Recordemos que en el régimen legal de los menores no tienen beneficios por aceptar los cargos como ocurre con los adultos”, señaló. Además, añadió que “se encuentra en un proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación, y cuando estos procesos están en curso no se aceptan los cargos. Posteriormente se presentan los acuerdos, que podrían incluir un principio de oportunidad”.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que la sanción que podría recibir el joven alcanza hasta los 8 años, pero no se trataría de una pena privativa de la libertad en sentido estricto. “La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de 8 años, que no es propiamente de prisión, sino una sanción que bajo los lineamientos de la ley 1098, es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor”, explicó.

Camargo enfatizó que el caso se trata bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, establecido por la Ley 1098 de 2006. “Los menores no están sometidos a las mismas sanciones que los mayores. Infortunadamente, esa es una realidad. Muchas veces, por esto, son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas”, subrayó.

Mientras avanza la audiencia, el joven se encuentra hospitalizado en la Clínica Universitaria de Colombia, bajo estricta vigilancia de diferentes unidades de la Policía. Durante su intento de fuga, sufrió una herida en la pierna, por lo que permanece en recuperación.

La Fiscalía también ha solicitado una medida de internación en un centro especializado, y pidió que el acompañamiento judicial se realice desde el búnker de Bogotá. La fiscal general destacó que el joven ha mostrado disposición para colaborar con las autoridades, en una investigación que cuenta con más de 180 investigadores del CTI y de la Fuerza Pública.

Las autoridades aún no han hallado el celular del joven, pieza clave para esclarecer las motivaciones y posibles autores intelectuales del atentado. La Policía y la Fiscalía continúan su búsqueda.

Humberto ‘Toto’ Torres