Máxima sanción a patrullero por crimen contra manifestante: 20 años de inhabilitación

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción ejemplar contra el patrullero Oscar Alexander Márquez Rojas, ordenando su destitución e inhabilidad por 20 años por el uso excesivo de la fuerza letal que causó la muerte de un ciudadano venezolano durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Soacha. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la estación de Policía León XIII, en medio de las manifestaciones que sacudieron al país.

En un fallo de primera instancia, el Ministerio Público determinó que Márquez Rojas actuó “con dolo” al disparar su arma de servicio en un contexto de alta agitación social, violando los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución. “El uniformado desconoció los protocolos institucionales sobre el uso de armas de fuego y el respeto al derecho a la protesta”, señaló la Procuraduría, calificando su conducta como una “falta disciplinaria gravísima”.

En el mismo caso, el uniformado Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla recibió una sanción de 8 años de inhabilidad por el uso imprudente de su arma, al realizar disparos indiscriminados que pusieron en riesgo la vida de los manifestantes. Su falta fue catalogada como “culpa gravísima”, aunque sin la intencionalidad atribuida a Márquez.

La Procuraduría fue enfática al recordar que, “el uso de la fuerza letal en protestas, incluso cuando estas sean violentas, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia”, en línea con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. El fallo, que aún puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, marca un precedente en la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública durante el Paro Nacional.

Este caso revive el debate sobre el uso de la fuerza en protestas sociales y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de violencia policial. La decisión de la Procuraduría llega en un momento clave, mientras el país sigue evaluando las heridas abiertas del estallido social de 2020.

Humberto ‘Toto’ Torres