Masiva renuncia de profesores en Santa Marta debido a extorsiones y amenazas recibidas por parte de las autodefensas

Los colegios de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan una crisis que se ha venido desarrollando desde marzo en torno a la educación debido a la falta de profesores. Esta escasez ha llevado a la implementación de medidas extremas como el ‘pico y grado’, donde la educación se alterna entre los niveles de primaria y bachillerato.

La causa de esta renuncia masiva de docentes está motivada por las constantes extorsiones y amenazas de grupos de autodefensas, lo que ha puesto en jaque el desarrollo del calendario académico, afectando directamente a los estudiantes de esta región.

Lerber Dimas, defensor de Derechos Humanos del departamento de Magdalena, ha denunciado la situación, describiendo las instituciones educativas como “lugares de miseria y abandono”. La falta de recursos y la negligencia estatal son señaladas como las principales causas de esta crisis educativa, y en consecuencia, los profesores han decidido renunciar para proteger sus vidas, dejando a las escuelas sin el personal necesario para operar adecuadamente.

Asimismo, Dimas expone que los docentes han sido víctimas de extorsiones por parte de grupos armados, quienes les exigen pagos de hasta 300 mil pesos para permitirles trabajar. Un informe de seguridad informó que en lo que va del año, un profesor ha sido asesinado, otro gravemente herido, y dos hijos de docentes sindicalistas fueron víctimas de la criminalidad.

El corregimiento de Santa Clara, en el municipio de Fundación, y la Institución Educativa Rosa Cortina del municipio de Plato son unos de los más afectados por esta crisis, por lo que no han podido seguir el cronograma de clases. Se estima que se necesitan al menos 26 profesores para cubrir las necesidades de la institución Juan Francisco Ospina y sus 19 sedes. Los pocos profesores que quedan luchan por atender a los estudiantes, pero las clases se ven mermadas por la situación.

El Ministerio Público pidió a los mandatarios departamentales y municipales tomar medidas urgentes para atender esta problemática de seguridad y articularse con el Gobierno Nacional, Fuerza Pública, Fiscalía General de la Nación y demás agencias del Estado, para superar la afectación que se evidencia en el sector educativo y su impacto en la población infantil.

Mariana Obando