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¿Qué papel habría jugado el sargento viceprimero Darwin Ramírez en la operación de espionaje denunciada por el MinJusticia (e)?
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, hizo este martes público un presunto espionaje ilegal contra sus comunicaciones mediante el software Pegasus, con hechos que, según un informe forense internacional, habrían ocurrido entre agosto y noviembre de 2025 en su teléfono celular. El caso, por su alcance y las entidades mencionadas, reviste máxima gravedad institucional, pues se trataría de intrusiones repetidas, extracción de información sensible y activaciones remotas del micrófono, con afectación a su esfera privada y a procesos de denuncias anticorrupción en curso. “Me permito informarle a la opinión pública que de nuevo Pegasus ha sido utilizado de manera ilegal en este caso para atacar al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, hoy ministro de Justicia encargado”, afirmó el alto funcionario.
En su declaración, Idárraga detalló que su dispositivo fue infiltrado “más de ocho mil setecientas cuarenta y dos veces entre el mes de agosto y el mes de noviembre”, y que, al menos en “ciento veinticuatro veces” se habrían activado cámara y micrófono de manera ilegal, con la descarga de “al menos 2,3 gigabytes de información privada”, incluida documentación sobre denuncias de corrupción que venía impulsando. El informe forense confirma que el iPhone 15 Pro Max del ministro fue infectado por Pegasus desde el 1 de agosto de 2025, con persistencia y reinfección documentada. Los peritos identificaron cuatro indicadores de compromiso coincidentes con infraestructura de NSO Group Technologies, lo que eleva el nivel de certeza a “alto”.
De acuerdo con el análisis técnico, los peritos establecieron el momento exacto de la infección: viernes 1.º de noviembre de 2025 a las 2:32 p. m., tras lo cual, 15 segundos más tarde, se habría inyectado una librería maliciosa en el sistema operativo iOS. Desde ese punto, el micrófono habría sido activado en 134 ocasiones y se habrían consultado más de 8.000 mensajes de texto. El informe también documenta 8.742 eventos de registro de teclas, lo que permitió a los atacantes acceder a correos electrónicos, contactos, conversaciones de WhatsApp y datos de ubicación. Sobre la cámara, se mencionan indicios de activación, aunque sin certeza plena de seguimiento en video. Estos datos consolidan la hipótesis de un acceso sostenido y profundo a contenidos confidenciales del alto funcionario.
El ministro aseguró que la operación no habría sido exclusivamente digital. En su relato, indicó que “se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia”, con el propósito de identificar fuentes que le suministraban elementos para “destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa”. Según lo dicho por Idárraga, detrás de la operación estaría el sargento viceprimero Darwin Ramírez, presuntamente por orden del Ministerio de Defensa. La denuncia abre la puerta a eventuales responsabilidades administrativas y penales, que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Idárraga explicó que radicó denuncia penal contra persona indeterminada “por la violación de mi privacidad, por el ataque a mi familia” ante la Fiscalía General de la Nación, y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En paralelo, solicitó a la Contraloría General de la República verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa y de la contrainteligencia nacional, para establecer si se estarían destinando a perseguir a quienes denuncian corrupción o a funcionarios en ejercicio. Estas actuaciones buscan activar controles institucionales sobre la eventual utilización irregular de recursos y capacidades de seguridad del Estado.
El contexto histórico le suma peso a la denuncia. El ministro subrayó que, desde los seguimientos ilegales del extinto DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe, no se tenía evidencia reciente de rastreos a altos funcionarios del Estado con esta intensidad. En consecuencia, planteó que “espero que en esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación vaya a fondo” y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en su contra.
En lo técnico, el informe forense al que alude Idárraga detalla extracción de datos, accesos a comunicaciones y activaciones remotas que, de confirmarse, encajarían en la categoría de intrusión con software espía de alta sofisticación. La coincidencia temporal entre la infección, las activaciones del micrófono y la consulta masiva de mensajes perfila un patrón de vigilancia sostenida que habría impactado la labor del ministro y su equipo en temas anticorrupción.
En el terreno institucional, el señalamiento de uso de gastos reservados para actividades de seguimiento sobre un alto funcionario en ejercicio y la mención de presunta participación de personal del sector defensa ponen el foco en los mecanismos de control interno y auditoría de las agencias de seguridad. La revisión de la Contraloría y la intervención de la Fiscalía y de organismos internacionales podrían delimitar responsabilidades y establecer correctivos en un asunto que no admite ambigüedades.
La denuncia, tal como ha sido presentada por el ministro, conjuga elementos técnicos forenses, afectación de derechos fundamentales y posibles desvíos en el uso de recursos públicos. El proceso se encuentra en etapa de reporte y radicación formal ante las autoridades competentes, a la espera de actuaciones de investigación y verificación de los hechos. Por la naturaleza de lo expuesto, el seguimiento institucional será clave para confirmar o descartar cada extremo señalado.
Juan Joya
