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Este martes 6 de mayo, más de 4.000 aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se concentrarón en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para manifestar su respaldo a la propuesta del presidente Gustavo Petro en el marco de la Consulta Popular.
Uno de los puntos clave de la iniciativa, la pregunta número seis, propone transformar el actual contrato de aprendizaje en una relación laboral formal. El texto de la pregunta es el siguiente: “¿Está de acuerdo con que los aprendices del Sena y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?”
El objetivo de esta medida es dignificar el proceso formativo de miles de jóvenes en Colombia, reconociendo sus derechos laborales y mejorando sus condiciones de vida a través del fortalecimiento de la etapa productiva del aprendizaje.
Durante el actual Gobierno, cerca de 1.070.000 aprendices han suscrito contratos de aprendizaje, de los cuales más de 229.000 corresponden a lo que va de 2025. Del total, el 61 % son aprendices del Sena, es decir, más de 685.000 jóvenes que han accedido a oportunidades reales de formación práctica y vinculación con el sector productivo.
Este avance ha sido posible gracias al compromiso de más de 41.000 empresas, que han abierto espacios para que los aprendices fortalezcan sus competencias técnicas, permanezcan en sus procesos educativos y accedan a la certificación como técnicos o tecnólogos.
La aprobación de la propuesta en la Consulta Popular permitiría establecer un vínculo laboral con derechos y deberes claramente definidos. Entre las mejoras contempladas se incluyen:
Aumento del apoyo económico durante la etapa lectiva, pasando del 50 % al 60 % del salario mínimo legal mensual vigente.
· Incremento del 75 % al 100 % del salario mínimo durante la etapa práctica o productiva.
· Reconocimiento de aportes al sistema de seguridad social.
· Recuperación del carácter laboral del contrato de aprendizaje.
La política también ha avanzado en inclusión: en 2024, un total de 772 personas con discapacidad accedieron a contratos de aprendizaje, con la participación activa de 398 empresas. En lo que va de 2025, 131 aprendices con discapacidad han sido vinculados gracias al compromiso de 93 compañías.
Con esta propuesta, el Gobierno busca consolidar un modelo de formación técnica con justicia social, que reconozca plenamente los derechos laborales de los aprendices y contribuya al desarrollo productivo del país.
Paola Martínez Burgos
