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La administración Trump anunció la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS), medida que entrará en vigor el 10 de septiembre y que ha sido cuestionada por organizaciones civiles y tribunales federales.
El gobierno estadounidense anunció la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficiaba a más de 250.000 migrantes venezolanos desde 2021. La medida, oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entrará en vigor el próximo 10 de septiembre y ha generado preocupación entre organizaciones civiles, juristas y comunidades migrantes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que “las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS”, por lo que se determinó que extender el beneficio “va en contravía del interés nacional”. El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal.
En un comunicado oficial, el portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Matthew Tragesser, afirmó que “mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”. Según el funcionario, Venezuela desempeña un “importante papel en el impulso de la migración irregular” y el programa genera un “efecto imán” que incentiva nuevos flujos migratorios.
Como parte de la implementación de la medida, el gobierno estadounidense instó a los beneficiarios del TPS a iniciar un proceso de autodeportación voluntaria. Para ello, se habilitó una aplicación digital que ofrece “una forma segura de retorno que incluye boleto de avión, un bono de salida de mil dólares y oportunidades potenciales a futuro de reingreso legal”.
La decisión se produce en medio de tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas. El despliegue de buques, tropas y un submarino nuclear en el Caribe, anunciado por el presidente Donald Trump como parte de una operación contra el narcotráfico, ha sido calificado por el gobierno venezolano como “la mayor amenaza que ha enfrentado el país”. En respuesta, el Ejecutivo de Nicolás Maduro advirtió que “si hay una agresión estadounidense, los venezolanos se defenderán”.
El anuncio del DHS se dio pocos días después de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificara un fallo que considera ilegal la cancelación del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos, incluidos los 250.000 afectados por la decisión actual. El juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito Norte de California, examina una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y siete migrantes venezolanos, quienes alegan que la revocatoria vulnera derechos fundamentales.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, advirtió que los afectados enfrentan “graves perjuicios como la pérdida de empleo, la separación familiar, la detención y la deportación”. El panel de jueces de apelación respaldó de forma unánime la posición del juez Chen, quien podría emitir una resolución en los próximos días que congele temporalmente la decisión del gobierno.
El TPS para ciudadanos venezolanos fue otorgado inicialmente por la administración Biden en 2021 y ampliado en 2023. La medida actual afecta directamente a los beneficiarios del primer grupo, mientras continúa el litigio sobre la protección de los 350.000 migrantes incluidos en la extensión posterior. La discusión legal permanece abierta y podría definir el futuro migratorio de cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Juan Joya
