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28 septiembre, 2026
La exsenadora rechazó cualquier relación con las actuaciones atribuidas a Name y sostuvo que presidió plenarias por las funciones que tenía como primera vicepresidenta.
La exsenadora María José Pizarro Rodríguez rechazó este lunes 28 de septiembre cualquier vínculo con las actuaciones por las que el Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura de Iván Name, expresidente del Senado, en un proceso relacionado con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Pizarro reaccionó después de que su nombre apareciera mencionado en la decisión judicial. En un comunicado, aseguró que no tuvo participación ni conocimiento de los hechos investigados y cuestionó las interpretaciones que, según dijo, buscan relacionarla con las actuaciones atribuidas a Name.
“Ante la decisión del Consejo de Estado (…) reitero: no tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name”, afirmó Pizarro. La exsenadora agregó que no permitirá que se le vincule con hechos en los que, según su declaración, no tuvo participación ni conocimiento.
El Consejo de Estado adoptó el 25 de septiembre la decisión contra Name por tráfico de influencias, luego de analizar su actuación como presidente del Senado y su relación con el trámite de la reforma pensional. La providencia se refiere también a las sesiones que fueron presididas por Pizarro durante el periodo en que ejerció como primera vicepresidenta.
Pizarro recordó que fue elegida para esa dignidad el 20 de julio de 2023 y sostuvo que la Ley 5.ª de 1992 establece que los vicepresidentes deben reemplazar al presidente de la corporación cuando se presenta una ausencia o imposibilidad. El Consejo de Estado registra que Name y Pizarro fueron elegidos para integrar la Mesa Directiva del Senado para el periodo 2023-2024.
“Eso fue lo que hice, cuando correspondió”, sostuvo la exsenadora al explicar su participación en varias sesiones plenarias, incluidas las relacionadas con el trámite de la reforma pensional. Según su versión, esas jornadas estuvieron marcadas por dificultades para conformar el quórum, retrasos y discusiones sobre la inclusión del proyecto en el orden del día.
La exsenadora también defendió que su actuación puede ser revisada a partir de la documentación oficial del Congreso. “Mi desempeño en la Mesa Directiva fue institucional y está documentado en las actas y los registros audiovisuales oficiales del Senado”, manifestó.
Su respuesta busca separar dos elementos que aparecen relacionados en el contexto del fallo: su participación en la conducción de algunas plenarias y las actuaciones atribuidas judicialmente a Name. Pizarro sostiene que haber asumido la presidencia de esas sesiones correspondía a una función reglamentaria y no constituye participación en los hechos investigados.
La controversia se mantiene alrededor del alcance de las referencias a Pizarro dentro de la providencia y de la interpretación de su actuación durante el trámite de la reforma pensional. La exsenadora pidió que cualquier valoración sobre su conducta se haga con base en las pruebas, actas y registros oficiales, y no en interpretaciones que, a su juicio, excedan lo establecido por el Consejo de Estado.
Al cierre de su pronunciamiento, Pizarro pidió que las autoridades avancen en el esclarecimiento del caso. “Espero de las autoridades celeridad, transparencia y justicia para que estos hechos se esclarezcan y los responsables asuman las consecuencias de sus actuaciones”, concluyó.
La decisión contra Name fue adoptada en primera instancia, por lo que el proceso judicial puede continuar en las etapas previstas por la ley. Mientras tanto, Pizarro mantiene su defensa sobre el papel que cumplió como primera vicepresidenta y remite la discusión sobre su actuación a los documentos oficiales del Senado y al contenido de la decisión judicial.
