María Fernanda Cabal objeta directrices de la Fiscalía que buscan despenalizar la protesta social

Con esta directriz, la fiscal Camargo anuló los lineamientos previos emitidos por Barbosa para enfrentar los desmanes del estallido social de 2021.

El pasado 10 de septiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación emitió la directriz 0001, la cual establece 33 lineamientos para redefinir cómo los fiscales deben tratar los casos relacionados con posibles excesos durante la protesta social. La directiva abarca cuatro capítulos, que tratan sobre la protección de la protesta pacífica, los límites del poder punitivo estatal, la definición de los delitos asociados a la protesta y la judicialización de actos delictivos que afectan este derecho.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, expresó su rechazo a la medida y advirtió que la demandará para su suspensión provisional por inconstitucionalidad.

Para la parlamentaria, la directiva es “ambigua, contradictoria y maniquea”. Cabal también criticó a la fiscal general y aseguró que su actuación responde a los intereses del presidente Gustavo Petro, quien recientemente ha motivado la protesta tras denunciar un presunto plan para destituirlo.

Cabal resaltó que la directiva permite que la Fiscalía interprete de manera subjetiva las conductas delictivas y renuncie a su función constitucional de perseguir el crimen: “La alteración del orden público, dice la fiscal general, puede llevar a situaciones caóticas en las que, si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”.

Para la senadora, esta interpretación sería peligrosa: “Esto es tan grave. Aquí no va a haber forma de contener a los vándalos”. Asimismo, Cabal aseguró que la Fiscalía estaría debilitando la capacidad del Estado para responder a disturbios graves.

Además, Cabal señaló que la Fiscalía estaría legislando e incluso estaría derogando el Código Penal. “El efecto más grave de todos es que la fiscal está legislando, y quien legisla es el Congreso”, dijo. Incluso, aseguró que esta directriz obligaría a los fiscales a “prevaricar” y fue más allá, pues les pidió que “no se ganen denuncias penales por seguir una directriz abiertamente inconstitucional”.

Sobre el mismo asunto, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseguró que ninguna directiva puede pasar por encima de la ley: “Hay un valor supremo constitucional: el de la supremacía normativa. Entonces, lo que haya salido en esa directiva que sea en contra de la ley no puede aplicarse. O eventualmente, se puede demandar ante el Consejo de Estado”.

Juan Joya