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Cabal presenta queja contra funcionaria del Ministerio del Interior por presunto uso indebido de avión y helicóptero de la Policía
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Ministerio del Interior, por el presunto uso irregular de aeronaves oficiales sin autorización ni justificación institucional.
Según detalló la congresista, Guerrero habría abordado el avión PNC-0242 el 19 de junio de 2025 y, al día siguiente, el helicóptero Bell 212 PNC-0495, ambos de la Policía Nacional, sin que existiera una misión oficial que respaldara los desplazamientos. Para Cabal, esto constituye una presunta vulneración de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en la gestión de bienes públicos.
La senadora denunció que el traslado de Guerrero a Aguachica, Cesar, habría tenido fines políticos al asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), sin que mediara necesidad del servicio ni relación directa con funciones institucionales.
“No se puede permitir que los bienes públicos sean usados como si fueran privados. Exijo que se investigue y se sancione este abuso que pone en evidencia el desgreño y el descaro de algunos funcionarios de este gobierno”, expresó Cabal a través de sus redes y ante los medios de comunicación.
Falta de respaldo institucional
Cabal advirtió que ni el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) ni la Policía Nacional reportan alguna vinculación funcional de Guerrero con sus estructuras, por lo que no habría justificación legal para el uso de estos recursos.
Incluso, según la senadora, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, habría admitido públicamente que la funcionaria omitió informar sobre el verdadero motivo de su viaje y que no contaba con autorización formal para utilizar las aeronaves.
¿Qué implica esta queja disciplinaria?
La queja presentada por Cabal argumenta que la conducta de Guerrero podría constituir una falta disciplinaria grave, conforme al Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), al comprometer recursos del Estado de forma injustificada.
Se señala que este tipo de acciones compromete los principios de la función pública, especialmente el de la legalidad, moralidad y responsabilidad, pilares fundamentales del ejercicio del cargo según la Constitución Política de Colombia.
La Procuraduría deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra Juliana Guerrero. De encontrarse responsabilidad disciplinaria, la funcionaria podría enfrentar sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Este nuevo escándalo se suma a una serie de cuestionamientos que han recaído sobre la gestión administrativa de varios funcionarios del actual Gobierno, alimentando el debate sobre el uso y abuso de los recursos del Estado.
Humberto ‘Toto’ Torres
