Marcada por el archivo, la Ley de Financiamiento abrirá debate sin las mayorías necesarias

¿Falta de plata o falta de gestión?

El futuro de la segunda Reforma Tributaria del gobierno, conocida como Ley de Financiamiento, quedó prácticamente definido tras la radicación de varias ponencias de archivo en Cámara y Senado. La Comisión Tercera del Senado recibió la firma de nueve senadores en un documento que pide desechar la iniciativa, mientras que en la Cámara de Representantes también se presentaron ponencias en el mismo sentido, configurando un escenario adverso para el Ejecutivo.

El proyecto, presentado por el Ministerio de Hacienda, buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, estimado en 546,9 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sin esos recursos el Gobierno se verá obligado a realizar recortes en gasto público y limitar la inversión social. “Negar estos recursos es negarle al país la posibilidad de financiar inversión social y proyectos de desarrollo”, afirmó Ávila.

En la Cámara, la representante Katherine Miranda lideró la ponencia de archivo, argumentando que el país “no aguanta más impuestos” y que el articulado afectaría directamente a la clase media y a los sectores productivos. Miranda sostuvo que el Congreso no puede aprobar un proyecto sin claridad sobre la ejecución presupuestal y sin garantías de que no se golpeará el bolsillo de los ciudadanos.

En el Senado, la mayoría de la Comisión Tercera coincidió en que la reforma era inconveniente para la coyuntura económica actual. Los argumentos de archivo señalan que una nueva carga impositiva podría frenar el crecimiento y aumentar la incertidumbre en los mercados, en lugar de resolver el déficit fiscal. Con las firmas ya aseguradas, el trámite que debía iniciar la próxima semana se convierte en un formalismo para oficializar el hundimiento.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también reaccionó y advirtió que la estabilidad económica de Colombia “estaría en riesgo” con la decisión de hundir la reforma. Según su lectura, al negarse la ley de financiamiento se envía un mensaje de desfinanciación a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo, lo que podría encarecer la deuda y complicar el panorama fiscal a mediano plazo.

El cruce de posiciones refleja la tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo. Mientras Ávila insiste en que la reforma era necesaria para garantizar recursos frescos, Miranda y otros congresistas sostienen que el proyecto estaba mal diseñado y que su aprobación habría golpeado a sectores productivos. Benedetti, por su parte, advierte que el hundimiento puede tener consecuencias negativas en la percepción internacional sobre la economía colombiana.

Con ponencias de archivo ya radicadas en Cámara y Senado, el resultado es prácticamente irreversible. El Congreso ha enviado un mensaje de independencia frente a las pretensiones fiscales del Ejecutivo, obligando al Gobierno a replantear su estrategia de caja y a mirar hacia el recorte del gasto como única salida viable ante la negativa de nuevos impuestos.

Juan Joya