Magistrado Ibáñez niega que la reforma pensional esté ‘engavetada’

La reforma, convertida en ley en 2024, enfrenta una demanda por presuntos vicios de trámite.

En el marco del XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional realizado este viernes 22 de agosto en Bogotá, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió al estado actual del estudio de la reforma pensional aprobada en 2024. En su intervención, aclaró que el atraso en el análisis de fondo no es atribuible a la Corte ni a ninguno de sus magistrados. “No es culpa de ningún magistrado”, afirmó, señalando que la demora responde a la falta de entrega de las actas requeridas por la corporación desde la Cámara de Representantes.

La reforma pensional, convertida en la Ley 2381 de 2024, fue demandada por presuntos vicios de trámite, entre ellos la omisión del debate obligatorio en la plenaria de la Cámara. Ante esta acción, la Corte ordenó la entrega de documentos probatorios que permitan verificar si se cumplieron los requisitos constitucionales. Ibáñez enfatizó que el tribunal no puede avanzar en el análisis de exequibilidad mientras no reciba los elementos solicitados, cuya finalidad es subsanar las irregularidades detectadas en el proceso legislativo.

En línea con esta postura, el magistrado reiteró que “no es que se haya engavetado el tema, no es que se demore por culpa de un magistrado”, y agregó que la Sala Plena está “siempre presta a trabajar de manera inmediata, oportuna”. La Corte, según explicó, depende de la documentación para poder deliberar con base en hechos verificables. Sin estos insumos, el estudio jurídico queda suspendido por razones estrictamente procedimentales.

Según Ibáñez, el problema central radica en que la Cámara aún no ha enviado “varias actas relacionadas con las sesiones extraordinarias” que fueron convocadas para corregir los vicios identificados. Estas actas fueron solicitadas expresamente como parte del material probatorio, y su ausencia impide que la Corte determine si se cumplió con la subsanación exigida. La falta de respuesta del Legislativo ha generado un cuello de botella institucional que frena el avance del proceso.

Debido a esta situación, el cotejo de avances se encuentra detenido, no por una decisión deliberada de la Corte, sino por una omisión documental. “Mientras no tengamos los elementos probatorios que fueron decretados, la Sala Plena no tiene los elementos correspondientes para tomar una determinación”, explicó el magistrado. La Corte ha reiterado que no emitirá pronunciamiento sin contar con los insumos necesarios para valorar el trámite legislativo.

En contraste, el procurador Gregorio Eljach expresó un respaldo explícito a la reforma pensional. Según su revisión, las sesiones del 27 y 28 de junio habrían cumplido con el quórum mínimo y levantado las actas correspondientes, aunque estas aún no han sido votadas en la plenaria. Eljach considera que el trámite fue legítimo y que la Corte podrá verificarlo una vez reciba los documentos pendientes.

Desde Colpensiones, el presidente Jaime Dussán advirtió que no existe un plan alternativo si la Corte llegara a declarar inexequible la reforma. Afirmó que la ley fue tramitada con rigurosidad constitucional y que ya está reglamentada. Dussán recordó que la iniciativa busca unificar los regímenes pensionales, ampliar la cobertura y otorgar beneficios solidarios a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, por lo que su eventual reversión tendría impactos sociales significativos.

El retraso actual no se atribuye a una estrategia obstruccionista de los magistrados, sino a una espera legítima de documentación esencial por parte de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, aliados del proyecto como la Procuraduría y Colpensiones observan con atención el proceso, conscientes de sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. La Corte, por su parte, mantiene su postura de independencia y espera que se cumpla con el envío de pruebas para poder avanzar.

Juan Joya