Maduro desafía límites territoriales: Guyana condena elecciones venezolanas en territorio en disputa

¿Qué intereses económicos están detrás por el control del Esequibo?

En un nuevo episodio de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido avanzar con un proceso electoral que involucra a la región del Esequibo, un territorio administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela desde el siglo XIX. La medida, que contempla la elección de gobernador, diputados y miembros del consejo legislativo para esta zona, ha sido considerada una amenaza por el gobierno guyanés, que reafirma su soberanía sobre el territorio y rechaza cualquier intento de Caracas por intervenir en su administración.

La decisión de Venezuela ha generado una intensa reacción internacional. Tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la Comunidad del Caribe han instado al gobierno venezolano a abstenerse de realizar elecciones en el Esequibo, señalando que la región no está bajo su control y que cualquier intento de gestionar cargos en este territorio constituye una violación de los principios de derecho internacional. Sin embargo, el gobierno chavista ha dejado claro que no reconoce la jurisdicción de la CIJ en este caso y ha advertido que no acatará ninguna decisión que emane de ese tribunal.

El Esequibo, con cerca de 160.000 km² de extensión, es una región de alto interés estratégico debido a sus vastos recursos naturales, especialmente petróleo y minerales. Venezuela ha insistido en su reclamación sobre el área, justificándola con un acuerdo de 1966 que, según Caracas, anuló el laudo arbitral de 1899 que fijó los límites actuales entre ambos países. Guyana, por su parte, defiende la validez del laudo y ha solicitado a la CIJ que ratifique su soberanía sobre el territorio.

El proceso electoral impulsado por el chavismo ha generado preocupación dentro y fuera de Venezuela. Las elecciones de gobernadores y diputados programadas para el próximo 25 de mayo se desarrollan en un contexto de abstencionismo y apatía política, pero la incorporación del Esequibo como entidad federal ha añadido un elemento de tensión en la región. Neil Villamizar, almirante de la Armada venezolana, ha sido presentado como candidato a gobernador por la coalición oficialista Gran Polo Patriótico. En un acto público en la población de Tumeremo, cercana a la frontera con Guyana, Villamizar declaró que asumirá la jefatura del gobierno regional con “coraje y patriotismo”, asegurando que los “patriotas” lograrán recuperar el Esequibo para Venezuela.

Por otra parte, la oposición venezolana, que enfrenta divisiones internas sobre su participación en los comicios, también ha presentado su propio candidato para la gobernación del Esequibo. Alexander Duarte Perroni, abogado especializado en finanzas, ha sido postulado por Un Nuevo Tiempo y otras facciones que decidieron concurrir a la votación, a pesar del boicot promovido por María Corina Machado y el sector mayoritario de las fuerzas antichavistas, que consideran el proceso fraudulento.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha respondido categóricamente a los intentos de Venezuela de proyectar su presencia sobre el Esequibo. En declaraciones oficiales, Ali enfatizó que su país “no cederá ni una pulgada” del territorio, asegurando que la postura guyanesa se basa en la diplomacia, el respaldo internacional y la construcción de un sistema de defensa propio. El mandatario ha instruido al embajador de Guyana en Venezuela, Richard Van West-Charles, a reforzar las acciones diplomáticas para evitar una escalada del conflicto.

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Ali calificó la estrategia de Maduro como una amenaza y aseguró que su gobierno tomará todas las medidas necesarias para garantizar la soberanía guyanesa sobre el Esequibo. En este sentido, la CIJ ha advertido que existe un “riesgo grave” de que Venezuela intente controlar la región por la fuerza, lo que ha incrementado la preocupación de la comunidad internacional respecto a una posible crisis entre ambos países.

Este enfrentamiento no es de ahora, pero los acontecimientos recientes han elevado la tensión en la región. La postura de Guyana se sostiene en su reconocimiento del laudo de 1899 como un instrumento jurídico válido, mientras que Venezuela insiste en que el acuerdo de 1966 sentó las bases para una solución negociada. La falta de consenso y el rechazo venezolano a la autoridad de la CIJ han hecho que las perspectivas de una resolución pacífica no estén aún claras.

Ante la disputa, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, y ante la posibilidad de que el conflicto territorial escale a niveles más críticos. Mientras tanto, las elecciones del 25 de mayo en Venezuela se presentan como un nuevo punto de fricción en la prolongada disputa entre ambos países, con implicaciones que podrían trascender el ámbito diplomático y afectar la estabilidad de la región.

Juan Joya