Los llamados “gota a gota”: aumentan entre la exclusión financiera y la amenaza criminal

En medio de la crisis económica y el alza constante del costo de vida, Bogotá enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora: el crecimiento desbordado de los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”. Lejos de ser una solución rápida, esta práctica se ha convertido en una trampa de esclavitud financiera para miles de ciudadanos y comerciantes de la capital.

Según un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), estos créditos informales se cobran con tasas mensuales que oscilan entre el 20 % y el 40 %, lo que equivale a un interés anual del 380 % para personas naturales y hasta del 666,5 % para empresas. En otras palabras, más de 23 veces por encima del límite legal de usura permitido en Colombia.

La raíz del problema es estructural. De acuerdo con Colombia Fintech, solo el 35 % de los colombianos tiene acceso a crédito formal. Y según la Encuesta de Micronegocios del DANE, en 2023 apenas el 11,6 % de los micronegocios fue creado con un préstamo legal. Para 2024, el 84,8 % de los microempresarios en Bogotá reportó no haber accedido a ningún tipo de financiación formal.

Esta exclusión ha empujado a emprendedores, vendedores informales y familias enteras a depender del “gota a gota”. El Instituto para la Economía Social (IPES) reveló que el 90 % de los vendedores informales de la ciudad recurrió a este tipo de préstamos durante 2024, debido a la facilidad de acceso. Además, de los más de 571 mil pequeños negocios activos en la capital, el 86,7 % eran trabajadores independientes y el 13,3 % empleadores, muchos de los cuales operan gracias a estos créditos ilegales.

Según el concejal David Saavedra, estas redes de préstamos ilegales están conectadas con estructuras criminales dedicadas al lavado de activos. Usan contratos de compraventa como garantía para legalizar dinero ilícito y recurren a prácticas violentas como amenazas, extorsiones e incluso asesinatos para cobrar sus deudas.

El equipo del concejal conoció el caso de una mujer que tiene una pequeña tienda en el sur de Bogotá. Está endeudada con doce prestamistas ilegales y asegura que no ha podido volver a abrir su negocio, pues debe más de cinco millones de pesos. “Uno termina de pagar y ellos le renuevan la deuda a la fuerza”, relata. Desde que su esposo falleció, permanece encerrada en su casa por temor. Motociclistas rondan su vivienda, le dejan mensajes intimidatorios bajo la puerta y le envían audios amenazantes por WhatsApp.

“Hoy, más que nunca, es urgente construir un sistema financiero justo, accesible e incluyente”, advirtió el concejal Saavedra. “La vida de los ciudadanos no puede seguir dependiendo del pago de deudas impagables a estas redes criminales. Se requiere una respuesta institucional decidida, articulada y firme frente a una problemática que ya no es solo económica, sino de seguridad”.

Paola Martínez Burgos