Los Centros de Detención Transitoria representan una tragedia humanitaria para Colombia y avergüenzan a la República: Corte

En las últimas horas, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario, Carcelario y en los Centros de Detención Transitoria, anunció una serie de nuevas medidas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones precarias de las personas detenidas en los centros temporales.

Esto tras una serie de seguimientos e investigaciones, donde la entidad identificó diversas dificultades para quienes permanecen en estos lugares por más de 36 horas.

Entre los problemas más alarmantes, se encontraron “altos niveles de hacinamiento, deficiencias en la prestación de servicios de alimentación y salud, y la imposibilidad de acceder a la información por parte de la población privada de libertad”.

Después de un minucioso análisis que reveló treinta deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, la entidad reguladora ha ordenado la intervención administrativa forzosa y la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, según se indica en el comunicado.

A través de una resolución, la institución detalla que las deficiencias han persistido desde 2022, representando una amenaza para la integridad y seguridad de los pacientes. A pesar de los esfuerzos por implementar un nuevo modelo de prestación de servicios, la accesibilidad y calidad de la atención continúan siendo insatisfactorias, especialmente en los servicios de mediana y alta complejidad.

Por lo anterior, la Sala estableció que “exceder el límite de 36 horas de detención en un centro de detención transitoria no solo constituye una violación a la Constitución y la ley, sino que también resulta en una reclusión en condiciones inhumanas. Esta situación impide a las personas privadas de la libertad tener un lugar adecuado para dormir y las priva de la dignidad al realizar sus necesidades fisiológicas sin acceso a instalaciones básicas como lavamanos o duchas”.

En consecuencia, “la Sala Especial ordenó el traslado inmediato, por parte del INPEC y con el apoyo de la Policía y la Fiscalía, de todas las personas privadas de la libertad que permanecen en los centros transitorios en calidad de condenadas hacia los distintos establecimientos de reclusión del orden nacional”.

Finalmente, “la Sala reconoció que no existe un compromiso por parte de los actores vinculados al sistema penitenciario y carcelario para solucionar esta realidad, y concluyó que los CDT representan en la actualidad una tragedia humanitaria para Colombia, avergüenzan a la República y no pueden permanecer desatendidos”.

Paola Martínez Burgos