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¿Cómo es posible que una firma que usa una cuenta de Gmail como correo de contacto (trustidaisas@gmail.com) reciba $8.195 millones para modernizar el sistema de identidad digital de una entidad pública?
La crisis en la expedición de pasaportes en Colombia, que la Cancillería atribuye a una “amenaza cibernética” en la plataforma SITAC (Sistema de Información y Trámites Administrativos y Consulares), tiene un antecedente documental que apunta a fallas estructurales en la contratación pública. Un análisis de los contratos y sus cronologías muestra que el ministerio destinó $10.364 millones para modernizar ese mismo sistema, pero el dinero se ejecutó a través de una figura de contratación directa, una subcontratación cuestionada y una empresa que fue constituida solo 4 días antes de que el Estado iniciara los trámites para el convenio.
El objeto de la controversia es el Contrato Interadministrativo número 536 de 2024, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la entidad Aldesarrollo. El valor del contrato ascendió a $10.364.000.000. La modalidad elegida fue la contratación directa, sin licitación pública. La firma por parte del Estado estuvo a cargo de la entonces secretaria general del ministerio, Paola Andrea Vásquez Restrepo, durante la administración del canciller Luis Gilberto Murillo. El objetivo declarado era modernizar los sistemas tecnológicos de la Cancillería, incluyendo el aplicativo que gestiona las citas para la expedición de pasaportes.
El mecanismo utilizado llama la atención. Aldesarrollo es una entidad calificada como un “contratadero”: un organismo con facultades para firmar convenios interadministrativos sin necesidad de abrir un proceso de selección competitivo. Esto permite que el Estado le entregue recursos públicos a Aldesarrollo, y que esta, bajo su propio manual de contratación privada, elija a sus propios subcontratistas sin licitación pública. Fue precisamente esa ruta la que llevó los recursos a la Unión Temporal Avance Digital.
El contrato entre Aldesarrollo y la Unión Temporal Avance Digital se firmó el 5 de diciembre de 2024, por un valor de $8.195.000.000. Esa suma representa el 79% del contrato original que la Cancillería le había otorgado a Aldesarrollo. La unión temporal estaba compuesta por dos empresas: Redcomputo y TrustID AI SAS. De acuerdo con el registro documental, esta última firma tiene una particularidad que ha encendido todas las alarmas: fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de octubre de 2024, apenas 2 meses antes de recibir un contrato millonario del Estado colombiano.
Si se revisan las fechas, el 7 de octubre de 2024, apenas 4 días después de la creación de TrustID AI SAS, la Dirección de Gestión de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores tramitó internamente la solicitud para adelantar la contratación con Aldesarrollo. En otras palabras, cuando el ministerio empezó a tramitar el contrato de $10.364 millones, la empresa que terminaría ejecutando el 79% del dinero tenía apenas 4 días de existencia legal. El representante legal de la unión temporal es Eduardo Ancizar Ramírez Navarro, sin un historial público de contratos de esta magnitud.
Los detalles operativos del acuerdo también han sido objeto de cuestionamiento. En la cláusula de notificaciones del contrato firmado entre Aldesarrollo y la unión temporal, el correo electrónico de contacto para TrustID AI SAS es una cuenta de Gmail: trustidaisas@gmail.com. Una empresa que, en teoría, fue contratada para manejar tecnología de identidad digital de la Cancillería, incluyendo sistemas de pasaportes y visas, recibía instrucciones contractuales en un servidor de correo gratuito, sin dominio corporativo propio.
El plazo original para la ejecución del contrato era de 2 meses, contados a partir de octubre de 2024. Sin embargo, nunca se cumplió. Los contratos del caso recibieron múltiples prórrogas: una primera solicitada el 26 de diciembre de 2024 y aceptada el 30 de diciembre de 2024; una segunda el 29 de enero de 2025, que extendió el plazo hasta agosto de 2025; y una tercera que corrió hasta diciembre de 2025. El 16 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya bajo la administración de la canciller Laura Sarabia, anunció la cancelación del contrato por expiración del plazo y el rechazo de las solicitudes de prórroga. Además, anunció una denuncia ante la Contraloría General de la Nación por la no ejecución del contrato.
El exconcejal y recién elegido representante a la Cámara, Daniel Briceño, ha sostenido que se entregaron $3.100.000.000 a Aldesarrollo sin que existiera ningún entregable. Según su denuncia, ese desembolso se autorizó días previos de que venciera el primer plazo, y pese a las prórrogas, el informe final de interventoría concluyó que hubo retrasos, incumplimientos y falta de idoneidad técnica.
El SITAC es importante porque es el sistema central para asignar citas de pasaportes en todas las sedes de la Cancillería en Colombia y en el exterior. Su mal funcionamiento actual afecta a miles de ciudadanos. La evidencia presentada por Briceño muestra que dos administraciones (la de Luis Gilberto Murillo, quien inició el proceso, y la de Laura Sarabia, quien no lo detuvo) tuvieron en sus manos la posibilidad de actualizar el sistema. Los órganos de control aún no han emitido un pronunciamiento determinante sobre el caso.
Juan Joya
